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51 millones de euros para favorecer el empleo de las personas con discapacidad

La Comunidad de Madrid destinará durante 2018 un total de 51 millones de euros a los programas y medidas para favorecer el empleo de las personas con discapacidad. Se trata de 12 millones más de lo presupuestado inicialmente para este año, por lo que el incremento asciende a un 30,6 %.

Así lo ha destacado esta mañana la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo, durante su visita a las instalaciones del Hotel Ilunion Pío XII, que ha sido calificado recientemente como Centro Especial de Empleo y en el que trabajan 41 personas con algún tipo de discapacidad, o lo que es lo mismo, el 70 % del total de la plantilla.

La Comunidad de Madrid apuesta por la empleabilidad de las personas con discapacidad

La consejera ha recordado la apuesta que la Comunidad de Madrid realiza por fomentar la empleabilidad de las personas con discapacidad, como las ayudas destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo y a la contratación de personas con discapacidad en los más de 200 Centros Especiales de Empleo que hay en la región, lo que beneficia a casi 10.000 trabajadores con discapacidad.

A través de estos fondos, la Comunidad sufraga el 50 % del salario mínimo interprofesional de estos trabajadores, que en 2017 ha experimentado una subida del 8 %.

En el caso en concreto de Ilunion recibió el pasado año ayudas de la Comunidad de Madrid por un valor de 415.176 euros, destinadas a subvencionar el coste salarial de sus trabajadores.

Incentivos a las empresas por la contratación estable de personas con discapacidad

Además de las ayudas para los Centros Especiales de Empresa, Engracia Hidalgo ha destacado que la Comunidad de Madrid promueve la contratación estable de personas con discapacidad a través de incentivos destinados a empresas ordinarias, que oscilan entre los 3.907 euros, por cada nuevo contrato o conversión de contrato temporal a indefinido, y los 7.814 si el trabajador contratado tiene especiales dificultades para acceder a un puesto de trabajo. Se consideran personas con discapacidad las que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. En 2017, la Comunidad de Madrid ha destinado 2 millones a estos incentivos de los que ya se han beneficiado más de 630 personas con discapacidad.

En este sentido, la consejera ha aprovechado la ocasión para recordar la “disposición de la Comunidad de Madrid para integrar a todos los colectivos y su eficacia para aprovechar las capacidades de los ciudadanos que forman parte de la sociedad, eliminando barreras en la actividad laboral”.

Incremento de la contratación

De esta forma, y según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística de la Encuesta sobre Empleo de las Personas con Discapacidad, la Comunidad de Madrid es la región con la mayor tasa de actividad de personas con discapacidad, el 43,6 %, situándose 8,4 puntos por encima de la media nacional.

Hidalgo ha resaltado “el incremento notable de la contratación entre las personas con discapacidad, que a cierre de octubre de este año acumulaba un total de 13.848 contratos, un 17 % más que en el mismo período del año anterior”

Por ello, y según la consejera, “para la Estrategia Madrid por el Empleo las personas con discapacidad han constituido desde el primer momento un colectivo prioritario para promover la mejora de su formación y su inserción en el mercado laboral. De esta manera, la Estrategia contempla actuaciones en cuatro grandes ámbitos: la intermediación laboral, la formación, la inserción laboral y el emprendimiento”.


Medidas para fomentar las contrataciones

Engracia Hidalgo ha hecho también un repaso de algunas de las líneas de ayuda del Gobierno regional para favorecer el empleo dentro de este colectivo, destacando también “la labor que desarrollan los profesionales especializados en las Oficinas de Empleo”.

La consejera también ha destacado otras actuaciones como la organización de la ‘Feria de Empleo para Personas con Discapacidad’; el reconocimiento que se hará a las empresas en materia de responsabilidad social; y las medidas que se incorporarán en el ámbito de la contratación pública, tanto en lo relativo a cláusulas sociales como en la reserva de porcentajes mínimos en procedimientos de licitación y adjudicación a los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social.

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