La Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto inicial de las Ordenanzas Fiscales para el año 2017. Comienza ahora el proceso hasta llegar al Pleno que seguramente será en octubre.
El gobierno ha diseñado una política fiscal para el próximo año basada en mantener la reducción de la carga tributaria, la contención del gasto público y en la mejora de la eficiencia en la gestión del presupuesto municipal. Las modificaciones propuestas se hacen en base a lo que marca la Ley – en el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles – y habiendo contemplado las previsiones oportunas para evitar que se produzcan desequilibrios presupuestarios que pongan en peligro el mantenimiento y la mejora de la calidad de los servicios públicos prestados a los ciudadanos. Las tarifas de los precios públicos prácticamente se congelan.
En el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se modifica el tipo impositivo general de bienes inmuebles de naturaleza urbana establecido en años anteriores, reduciéndolo del 1,1% al 0,41 con el objeto de garantizar el menor impacto económico a los titulares de bienes inmuebles. El Ayuntamiento, proponiendo aplicar el 0,41, sigue obteniendo ingresos similares para garantizar el funcionamiento y la calidad de los servicios e instalaciones públicas sin desestabilizar los Presupuestos. Esto supone que algunos recibos subirán mientras que otros disminuirán.
El concejal de Economía y Hacienda, Agustín Martín, ha informado que comienza la fase de diálogo con los partidos de la oposición a los que pide llegar a acuerdos para que las Ordenanzas fiscales salgan en tiempo y forma. “No hacerlo supondría prorrogar las actuales y, por tanto, triplicar el recibo del IBI a los vecinos de Alcobendas al seguir aplicando el 1,1% sin bonificaciones”. El concejal ha destacado que en los años más duros de la crisis, la presión fiscal de los vecinos de Alcobendas no ha dejado de bajar y que “ahora nos vemos obligados a realizar este reajuste que se mantendrá, eso sí, en los próximos años de este mandato”.
Precisamente, el Pleno del 13 de julio instó al Gobierno de España a la modificación del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en su artículo 74.2. Lo que pide Alcobendas es que el periodo de bonificación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se extienda más allá de los tres años posteriores a la revisión catastral que establece la ley. Esto permitiría a economías saneadas como la de Alcobendas mantener su política fiscal, encaminada a reducir el esfuerzo fiscal de los vecinos también en el IBI.
Reducir la presión fiscal a los vecinos
Una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno Popular tras acceder al Gobierno, fue la eliminación de la tasa de la basura y la rebaja del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Sobre el IBI, a través de diversas medidas y bonificaciones voluntarias (recogidas en el artículo 74.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales) a las que el Ayuntamiento se ha ido acogiendo durante estos años, se ha logrado congelarlo o que el incremento fuera mínimo.
En 2008, el Gobierno municipal aprobó una reducción en los tipos de gravamen. Al año siguiente, en 2009, se produce un refuerzo de los efectos de la reducción en la base imponible, rebajando por segundo año consecutivo todos los tipos de gravamen vigentes. A raíz de ello, por tanto, se constata una bajada acumulada del 8,5% respecto a los tipos de gravamen vigentes en 2007. En el año 2010, se aprueba una congelación de los tipos de gravamen y las bonificaciones de general aplicación, con el resultado de que los vecinos pagan la misma cuota que en 2009. Lo mismo ocurre al año siguiente, en 2011, cuando se produce, de nuevo, una congelación de los tipos de gravamen y bonificación de general aplicación, con una liquidación equivalente a la de 2010 y, por tanto, a la de 2009.
En el año 2012, se acuerda que cada recibo se actualice, únicamente, al IPC interanual, sin tener en cuenta las subidas que debieran haberse producido de no existir la congelación de precios anterior. En 2013, se produce una actualización por debajo del IPC actual.
En 2014, el Gobierno municipal aprovecha la coyuntura de bajada de los precios del mercado inmobiliario y solicita una revisión catastral voluntaria que produce que los recibos tengan prácticamente la misma cuantía que los dos años anteriores. Se compensa a los vecinos la diferencia entre el 2,5% estimado como IPC al planificar las ordenanzas con el 0,2% del IPC real de diciembre de 2013, produciéndose una devolución del 2,3% en los recibos del IBI de 2015. De este modo, en 2015, y luego en 2016, los recibos tienen una cuantía inferior a la del año anterior al minorarse, mediante una bonificación adicional, en un 2,3%.
