Las alcaldesas de las tres ciudades consensúan un manifiesto para la Conferencia Mundial Hábitat III que se celebra en Quito, donde se va a acodar la Nueva Agenda Urbana para las próximas décadas. Manuela Carmena, Ada Colau y Anne Hidalgo dicen que hay “un cambio de época” y defienden la capacidad de cooperación e innovación de las ciudades y la necesidad de superar su falta de financiación crónica. Las tres ciudades establecen las prioridades de la Nueva Agenda Urbana europea: las desigualdades, el cambio climático, la población desplazada en busca de refugio, el impacto del turismo, la gestión pública del agua, la transición energética y el fomento de una economía productiva, diversificada y responsable.
Las ciudades son parte del problema y también parte de la solución a los retos globales del planeta. Las alcaldesas de Madrid, Barcelona y París, Manuela Carmena, Ada Colau y Anne Hidalgo, respectivamente, han suscrito un manifiesto conjunto de cara a la celebración de la Conferencia Mundial Hábitat III, que se celebra en Quito entre el 17 y el 20 de octubre. La cumbre mundial, que tiene lugar cada veinte años, ha de fijar las prioridades de la Nueva Agenda Urbana para las próximas décadas. Es un conferencia de Estados pero, por primera vez, se ha reconocido formalmente la participación de la Asamblea de Gobiernos Locales, a través de las cual las ciudades podrán influir en la definición de esa nueva agenda.
Carmena, Colau e Hidalgo defienden que las ciudades no pueden jugar un papel de simples observadores y destacan la capacidad de éstas para cooperar e innovar. “Estamos ante un cambio de época”, afirman en el manifiesto en el que proponen a los Estados que abran a las ciudades los mecanismos de gobernanza y establezcan las herramientas necesarias de evaluación y seguimiento de la agenda urbana.
Madrid, Barcelona y París reclaman a los Estados que aseguren los recursos suficientes para que las ciudades puedan desarrollar sus respectivas políticas de manera eficiente, destinando como mínimo un 25% del presupuesto estatal a los gobiernos locales. Al mismo tiempo, los fondos globales y europeos deberán permitir a las ciudades el acceso a los mecanismos de financiación, reservados actualmente a los Estados.
