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La ONU afirma que en España se vulnera el derecho a la educación inclusiva

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, segregar por discapacidad a la infancia es violar los derechos humanos

A menudo se piensa que cuando un niño o una niña señalado por la discapacidad está en una escuela ordinaria, ya hablamos de educación inclusiva. También se piensa que este alumnado requiere de una educación diferencial, que se distancia de la del resto de compañeros y compañeras, que ha de hacerse en espacios distintos, con profesionales y currículo diferentes.

 

Se asume que una persona situada dentro del espectro del autismo o con parálisis cerebral, por ejemplo, tiene unas necesidades educativas diferentes a las del resto del alumnado, lo que requiere de una adaptación individual que limita o impide su participación en clase, la atención de su profesorado, el trabajo sobre los temas del resto de compañeros y compañeras, una calificación con la misma validez, etc.

Todo esto se asienta en una falacia: que el resto aprendemos igual y que por ello ostentamos el derecho al aula y al centro escolar ordinario, al aprendizaje, la participación y el logro allí. Esto desvela que lo que llamamos discapacidad es una cuestión de poder –y por tanto, social–, aunque en las escuelas se siga abordando como una realidad biológica e individual.

El informe de la ONU es tajante

Lo que hay debajo del contundente informe que acaba de publicar el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU tras realizar una investigación al sistema educativo del Estado español, motivada por una denuncia de la Asociación SOLCOM. En la base de esta denuncia está la consideración de que un colectivo importante dentro de las escuelas sigue siendo objeto de un tratamiento injusto y discriminatorio.

Esto es bien conocido por quienes nos relacionamos profesional o familiarmente con las personas que viven bajo esa losa de las “Necesidades Educativas Especiales” (NEE) o “Necesidades Específicas de Apoyo Educativo” (NEAE), pero la denuncia ha sido una iniciativa inédita hasta este momento. El informe es taxativo:

“El Comité considera que la información disponible revela violaciones al derecho a la educación inclusiva y de calidad principalmente vinculadas a la perpetuación, pese a las reformas desarrolladas, de las características de un sistema educativo que continua excluyendo de la educación general, particularmente a personas con discapacidad intelectual o psicosocial y discapacidades múltiples, con base en una evaluación anclada en un modelo médico de la discapacidad y que resulta en la segregación educativa y en la denegación de los ajustes razonables necesarios para la inclusión sin discriminación en el sistema educativo general.”

El destino depende de la voluntad

El Comité añade que “el destino del estudiante con discapacidad depende en la mayoría de los casos de la voluntad” de familiares y de profesionales, lo cual resulta inadmisible. El destino de los niños o las niñas no debería depender de la suerte; el respeto a sus derechos humanos no puede ser opcional ni arbitrario.

Pero ocurre. Eso manifiesta el informe, tan extraño para la mayoría de la población porque cuestiona creencias y prejuicios superados por el conocimiento disponible hace ya demasiado tiempo.

Sorprende que sigamos entendiendo como razonable, lógico y deseable que a una parte de la infancia se le impida estar con el resto de niños y niñas, relacionarse con ellos y construirse mutuamente en las escuelas. Y esto, que se aborda en la investigación de la ONU, no es algo anecdótico o excepcional, sino que forma parte del ADN del sistema escolar: “Se ha perpetuado un patrón estructural de exclusión y segregación educativa discriminatorio, basado en la discapacidad, a través del modelo médico”.

No es un problema personal

En las escuelas se entiende la discapacidad en términos individuales y biológicos –un problema personal– por lo que las soluciones que el sistema plantea enquistan el problema al circunscribirlo en el terreno privado. Pero el problema es público y las soluciones han de ser sociales. La pregunta no puede seguir siendo qué le pasa a este niño o a esta niña. Debemos preguntar qué pasa para que hayamos decidido que no puede aprender con el resto.

Cada día muchas familias están siendo ‘invitadas’ a abandonar las escuelas comunes porque no van a ofrecerles lo que sus familiares necesitan. Algunas de estas familias se ven forzadas al cambio; otras asumen que es lo mejor, porque son profesionales quienes lo indican, y ‘eligen’ la educación segregada. Es evidente que en ninguno de los casos se trata de una elección, sino de un condicionamiento férreo.

Muchas familias sufren un gran dolor en el proceso de escolarización de sus hijos e hijas, en lugar de encontrar en las escuelas un apoyo fundamental. Demasiados niños y niñas son dirigidos a modalidades de escolarización excluyentes, ya sea en aulas específicas dentro de los centros ordinarios o en centros de educación especial, y esto es inadmisible.

Evaluaciones clínicas

Las evaluaciones psicopedagógicas siguen siendo de tipo clínico, lo cual no tiene sentido educativo, sino clasificatorio. Los dictámenes de escolarización, que se basan en estas prácticas, tan comunes como inútiles, perpetúan la discriminación de todo el colectivo. Las medidas de adaptación curricular individuales evitan la transformación del sistema. Y es precisamente esto, la transformación del sistema, lo que implica ese proyecto social que nació con el nombre de educación inclusiva. Nada que ver con arreglos cosméticos, sino una revisión profunda del sistema escolar para armar en él un espacio de recreación democrática de la sociedad y la cultura.

 

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