Se denuncia que algunos productos fitosanitarios aprobados en la UE obtienen nuevos permisos de uso a pesar de que investigaciones científicas han demostrado que son un riesgo para la salud. Parece ser que ante la falta de capacidad de evaluación de los plaguicidas tóxicos de los organismos europeos, estos productos renuevan su permiso sin más.
Según los resultados de una investigación desarrollada por la organización de consumidores Foodwatch, los organismos europeos sufren la falta de capacidad de evaluación de los plaguicidas tóxicos, concretamente aquellos que pueden alterar el sistema endocrino y afectar a la capacidad de reproducción. Estos productos fitosanitarios obtienen la renovación del permiso de uso de forma automática debido a que la evaluación sobre su nocividad se pospone una y otra vez.
Nuevos conocimientos sobre toxicidad
Los nuevos conocimientos científicos sobre la toxicidad de algunos plaguicidas no se tienen en cuenta por la falta de evaluación, por lo que la organización de consumidores exige que se ponga fin a esta situación. No llevar a cabo estas evaluaciones permite que en el plato de comida de los consumidores estén presentes sustancias que afectan a la salud.
Lo correcto sería aplicar el principio de precaución o la cláusula de salvaguardia en el contexto de la protección de los consumidores y la salud ante la falta de las evaluaciones que tengan en cuenta las nuevas evidencias científicas sobre la toxicidad de estos productos.
Priman los intereses económicos
Esta situación parece mostrar que los organismos europeos tienen en cuenta principalmente los intereses económicos de los fabricantes de productos fitosanitarios, siempre por encima de los intereses y la salud de los consumidores. Claro, que hay muchos otros ejemplos que se podrían citar si hablamos de favorecer los intereses económicos en detrimento de la salud y seguridad de los consumidores, y en muchos casos no es por falta de evaluación. Se puede citar el intento de aumentar la tasa de mercurio permitida en el pescado al doble de lo que actualmente se permite en Europa, algo que persigue la CE desde el año 2015 y que claramente antepone los intereses políticos y económicos a los de los ciudadanos comunitarios, de ello hablábamos aquí.
Según la legislación europea, todas las sustancias utilizadas en los productos alimenticios, como son los plaguicidas, deben ser evaluadas tras 10 años de su aprobación, comprobando si existen nuevos hallazgos científicos que muestren posibles riesgos para la salud humana, animal o medioambiental. Según Foodwatch, la reevaluación no se ha realizado en más de 200 plaguicidas que se renuevan periódicamente ante la falta de nuevas evaluaciones, se apunta que algunos productos fueron aprobados en el año 2002 y hasta la fecha no han sido sometidos a este tipo de controles que la propia UE determina en su legislación.
