El consumo de aparatos electrónicos en nuestro día a día hace que cada vez generemos más desperdicios de este tipo. Según la Fundación Ecolec, en 2015 se trataron en España, 81 millones de kilos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), lo que la convierte en el tipo de basura que más rápido crece actualmente en nuestro país.
Por comunidades autónomas, Madrid es la segunda región que más desperdicios de este tipo ha gestionado en 2015, con un total de 12.486 toneladas, por detrás de Cataluña, con 12.864 toneladas. Las otras comunidades que encabezan este ranking son, la Comunidad Valenciana, con 9.713 toneladas y Andalucía, con 8.981 toneladas.
La producción de residuos electrónicos crece, hoy en día, tres veces más rápido que la media de los residuos urbanos. Concretamente, el volumen de chatarra electrónica aumenta entre un 16% y un 28% cada cinco años. Las razones que explican este crecimiento del volumen de residuos electrónicos son, fundamentalmente, el aumento del consumo de tecnología y un mal tratamiento de los componentes de los aparatos cuando se dejan de usar. Una de las consecuencias más graves que tiene el incremento de estos desperdicios, es que la inmensa mayoría de los aparatos electrónicos contienen elementos tóxicos como el bromo, cadmio, fósforo o mercurio, que si no se tratan adecuadamente pueden provocar grandes daños al medioambiente y a la salud de las personas.
Programa del Medio Ambiente de Naciones Unidas
Iniciativas como el Programa del Medio Ambiente de Naciones Unidas (PNUD), se presentan como una solución para frenar el crecimiento de la basura electrónica en todo el mundo, estandarizar el tratamiento de los residuos y fomentar un consumo más eficiente que permita prolongar la vida útil de estos aparatos.
Según un informe de Naciones Unidas, casi la mitad de los países miembros de la UE no cumplen estrictamente con la regulación establecida por la Directiva WEEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) sobre el tratamiento de estos residuos, debido a que las sanciones que se aplican no son lo suficientemente altas como para disuadir de las malas prácticas.
