Podemos enseña músculo en su Asamblea. La formación política ha celebrado este fin de semana en el Palacio de Vistalegre de Madrid la Asamblea constituyente ‘Sí Se Puede’ en donde se han aprobado cinco resoluciones con las que se comprometen, entre otras cosas, a trabajar para llevar a cabo una auditoría y reestructuración de la deuda pública, y para conseguir la paralización de todos los desahucios.
La formación política liderada por Pablo Iglesias ha celebrado este fin de semana (18 y 19 de octubre) en el Palacio de Vistalegre de amdrid la Asamblea Constituyente Sí Se Puede, en la que Iglesias ha señalado que no es un «macho alfa, sino un militante más» y que si la mayoría de los militantes vota una estrategia política distinta a la suya, «se pondrá a las órdenes de quien ha demostrado que cuenta con el apoyo de la mayoría».
El eurodiputado también ha insistido en que el «miedo» a Podemos se basa en que «pueden decir no». «Puede que nos ofrezcan cargos a cambio de pactos y alcaldes y presidentes quieren seducirnos a cambio de pacto, pero la diferencia es que nosotros decidimos en la asamblea ciudadana las condiciones. Lo importante no es que el presidente o el alcalde sea de Podemos, sino lo que hemos construido colectivamente», ha dicho Iglesias, en respuesta a alguna de las preguntas formuladas por los participantes a la asamblea de hoy.
Cinco resoluciones
Entre las cinco resoluciones hay una que hace referencia a la educación. Podemos apuesta por «Defender la educación pública, nuestro derecho y no su negocio» que se basa en la derogación de la LOMCE y hacer que la educación «vuelva a tener un acceso universal».
La segunda por mayor número de votos, «Medidas Urgentes de Anticorrupción», ha sido elaborada por el ex fiscal anticorrupción y ex eurodiputado de Podemos, Calros Jiménez Villarejo, sostiene que se eliminen las tasas judiciales, el aumento de las penas por delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y fraude, la tipificación penal de la financiación ilegal de los partidos políticos.
Otra de las resoluciones tiene su base en el fin de los desalojos y apoya los derechos habitacionales para todas las personas de acuerdo con los estándares internacionales de Derechos Humanos, el derecho a la dación en pago con carácter retroactivo, el establecimiento de unos procedimientos judiciales con todas las garantías y el fin de la impunidad financiera y la apertura de una auditoría social.
