Destacar, asimismo, que a prestación de este servicio, conocido como MCA (Mobile Communication on Aircraft), había sido autorizado, de forma temporal, a algunos operadores. Éste es un servicio similar a los de telefonía móvil de segunda generación (GSM), disponible a bordo de aeronaves en vuelo a alturas superiores a los 3.000 metros sobre el suelo. Así, los abonados pueden utilizar sus terminales durante los vuelos y tienen las mismas prestaciones.

(FOTO: M. Peinado)

Están cansados, pero continúan en la lucha. Los vecinos de la urbanización Ciudad Santo Domingo, en la localidad de Algete, salieron a la calle para exigir soluciones al ruido de los aviones y que se de cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo, que condena a AENA “por violación de Derecho Fundamental a intimidad domiciliaria y ordenaba el cese de sobrevuelos”, aseguran los afectados en un comunicado.

Asimismo, afirman que en el primer cuatrimestre de 2010 el ruido ha aumentado 50 por ciento respecto al mismo periodo de 2009, con 10,577 eventos por encima de 65 decibelios -200 al día-, cada tres minutos y puntas máximas de 84,8 decibelios. Uno de los abogados y vecino observa que “la Sentencia tiene que ejecutarse y no caben ejecuciones parciales”.  Otro señala que “el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 22 de abril 2010 ha suspendido “cómo” se va a ejecutar, pero no la ejecución misma”. Los demandantes han presentado súplica y estiman puede ocurrir que el Supremo tenga que imponerse.

En el último Pleno Ordinario, celebrado el 20 de mayo, se aprobaron por unanimidad dos declaraciones institucionales sobre el “Posicionamiento del Ayuntamiento ante la reforma de Ley de Navegación Aérea” y acerca de la “Reforma del gobierno local y su nuevo modelo de financiación”.

En la primera declaración se afirma que para “el Ayuntamiento Pleno esta reforma de la Ley de Navegación Aérea es injusta con los vecinos afectados por el ruido de los aviones porque legaliza la contaminación acústica que provocan los aviones y da una patente de corso a AENA para seguir operando sin limitaciones. Además, en la tramitación de esta reforma se ha obviado la participación de las asociaciones de vecinos y de los ayuntamientos afectados”.

“El Ayuntamiento”, continúa el texto, “recurrirá hasta la última instancia posible la nueva Ley de Navegación Aérea” y “solicita una reunión con el ministro de Fomento para trasladarle los problemas de contaminación acústica que padecen los vecinos de San Sebastián de los Reyes y solicitarle que abra un proceso de negociación con todas las partes implicadas”.

Sobre la reforma del gobierno local y su financiación, el texto recoge “la imperiosa necesidad de elaborar y aprobar una nueva legislación en materia de Gobierno Local, la adecuación de su financiación en función de las competencias asumidas y la necesidad de que este nuevo modelo de financiación de las Entidades Locales se realice de manera urgente y simultánea al de las Comunidades Autónomas”.

Además incluye que “en 2010, las Entidades Locales tendrán una menor financiación procedente del Estado de, al menos, 3.000 millones de euros, como consecuencia de la caída tan espectacular de la recaudación en 2008. Así las cosas, y ante la grave situación por la que están atravesando los Gobiernos Locales, es necesario que el ejecutivo cumpla con sus compromisos y presente en el Congreso de los Diputados, antes de que finalice el actual periodo de sesiones, la reforma del gobierno local y su nuevo modelo de financiación”.

Fue la cuarta regidora en intervenir, y con ella estuvieron, también, los primeros ediles de Coslada, Ángel Viveros; de San Fernando de Henares, Julio Setién; de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán; de Gava, Joaquim Balsera; de Castelldefels, Joan Sau i Pagés; y de Sondika, Gorka Carro.

Durante su exposición, posiblemente una de las más largas, Juárez se mostró muy crítica con las pretensiones del Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero y, una vez más, catalogó de “inconstitucional” la modificación que se pretende de la Ley de Navegación Aérea, al existir una sentencia que, según apostilló la regidora, obliga a  AENA reducir el 50 por ciento de los sobrevuelos por Algete -Santo Domingo-. Además, añadió que “las sentencias judiciales hay que ejecutarlas sin excusas y sin demoras”.

Asimismo, la alcaldesa algeteña planteó diversas reclamaciones, como la retirada de la disposición transitoria o que se obligue a mitigar los ruidos sin escatimar en medios. También propuso la navegación de precisión en todos los aeropuertos del país o que se prohíban los vuelos nocturnos a los aviones de cuota más ruidosa.

Entre las demandas de la primera edil se cuentan, además, que sean obligatorias maniobras de despegue y aterrizajes atenuantes de ruido y rehacer las declaraciones de impacto ambiental para la imposición de posibles servidumbres.

El planteamiento “correcto”

Otra de las críticas que expresó la alcaldesa algeteña fue el planteamiento utilizado para la reforma de la normativa. “Lo correcto y lo adecuado sería que este Proyecto de Ley fuera devuelto al Ministerio para que allí se crease, como debería haberse hecho desde un principio, una mesa de trabajo con todos los implicados para lograr un texto de consenso”.

La regidora volvió a insistir en que primero “deberían haber puesto a trabajar a los técnicos, en lugar de a los abogados”.

“Decepcionante”

Finalmente, Juárez abandonó la Cámara Baja con un mal sabor de boca y así lo hizo saber a los medios de comunicación presentes. “Me marcho decepcionada por la postura del PSOE”, representada por Rafael Simancas, que junto al resto de grupos parlamentarios, intervino tras las exposiciones que efectuaron los alcaldes. “El único argumento del señor Simancas es el derecho fundamental a la movilidad, y que yo venga aquí a defender a mis vecinos es, según él, demagógico”. Juárez contestó así al líder socialista que, durante su discurso catalogó de “agresiva” la actitud de la regidora algeteña. “¿Por qué contraponer el interés del vecino con el buen funcionamiento de las infraestructuras? ¿Es que a los vecinos no les importa que funcionen bien? Esta contraposición es falsa, y no la vamos a aceptar porque se pueden compatibilizar ambos intereses”, alegó el socialista.

Declaraciones de Inmaculada Juárez a la salida del Congreso

Por último, la primera edil hizo pública su intención de continuar manteniendo reuniones con otros grupos políticos y aseguró que, si la ley se aprueba tal y como está “iremos al Tribunal Constitucional”.

San Sebastián de los Reyes

Otra de las localidades presentes en el día de hoy ha sido San Sebastián de los Reyes. El alcalde de este municipio, Manuel Ángel Fernández, se desplazó hasta el Congreso de los Diputados en compañía del edil de Medio Ambiente, Jorge Calderón. Ambos dirigentes políticos acudieron en calidad de invitados. “Las diferentes propuestas de nuestra ciudad han sido expuestas por los regidores de Torrejón y Algete,  y esto no es sino un paso más en la lucha que mantenemos por paliar la afección acústica que sufren los vecinos por el aeropuerto de Barajas”, indicó Fernández.

Así, durante su intervención, Juárez destacó que este municipio ha realizado “importantes” inversiones para la instalación de sonómetros “con el objetivo de obtener sus propios datos de ruido y contrastarlos con los de AENA”, explicó.  También indicó que Algete ha liberado suelo dentro del término municipal “para crean un pasillo aéreo a continuación de la huella sonora declarada por el Ministerio de Fomento, para que nuestros vecinos no tengan que seguir sufriendo los aviones sobre sus casas”.

La ordenanza del ruido de la localidad, establece la aplicación de la Ley del Ruido al producido por las aeronaves que atraviesan la ciudad fuera de huella acústica, que son sancionadas por superar los valores máximos de inmisión, como cualquier otra fuente.

El Ayuntamiento de Algete, según confirman fuentes municipales, es la administración pionera en España en aplicar este tipo de sanciones, que persiguen, según el primer teniente de alcalde, David Erguido, que AENA y las compañías tomen conciencia de que los aviones causan, en la realidad, mucho más ruido que el que se refleja en los mapas. Así como, que sean las propias compañías las que pidan al Ministerio de Fomento rutas menos ruidosas, y no las más económicas en términos de eficiencia de combustible.

A través de estas campañas, el Consistorio ha incoado varios expedientes sancionadores a diversas compañías que han sido abonados por éstas y recurridos ante los tribunales.

En la última campaña, el Ayuntamiento incoó 14 expedientes sancionadores por emisiones de ruido al ambiente exterior de aéreas residenciales de más de 55db(A) en periodos de día y tarde. En estos momentos la justicia ha fallado a favor del Ayuntamiento en algunos expedientes, sancionando a las compañías con multas que oscilan entre los 6.000 euros y los 24.000 euros.

En esta nueva campaña, se realizarán mediciones en configuración norte (85% de los despegues de los aviones se producen en esta configuración) y en configuración sur.

Algete, en contra de la reforma de la Ley de Navegación Aérea

Esta modificación, añade Erguido, vulnera un derecho fundamental como es el derecho a la intimidad reconocido en una Sentencia del Tribunal Supremo. Por ello, el edil considera que lo más sensato es que el Proyecto de Ley fuera devuelto al Ministerio y que éste creara una mesa de trabajo con los Ayuntamientos y los vecinos afectados para elaborar un nuevo texto de consenso, que satisficiera a todas las partes implicadas, y no la reforma que pretende el Ministerio que consiste en la “imposición forzosa de ruido a los vecinos afectados”.

Por ese motivo, el pasado lunes se reunieron 15 municipios para oponerse a esta medida creándose una comisión de interlocución.

La alcaldesa consideró fundamental que la comisión vea que en España se están violando los derechos fundamentales, y señaló,  que es vital que el resto de países se den cuenta de lo que está pasando “con esta grave situación”.

Álvarez confió en que la Unión Europea pueda dar un “toque de atención” a las autoridades españolas para que garanticen que se cumple con la sentencia del Tribunal Supremo, que ordenó adoptar medidas para poner fin a la lesión que produce a los vecinos el ruido de las aeronaves de Barajas.

Por su parte, el vicepresidente del Observatorio del Ruido, Jesús Coca, comentó que se ha solicitado la aplicación inmediata del fallo y, si es necesario, se llevará el caso a la Unión Europea, mientras en el Congreso de los Diputados se tramita el proyecto que reforma parcialmente la Ley de Navegación Aérea.

Los vecinos y el Ayuntamiento tienen previsto llevar el texto al Tribunal Constitucional si, finalmente, se aprueba en su forma actual, pues consideran que la nueva ley “antepone los intereses económicos de AENA a los derechos fundamentales de los españoles”.

El vicepresidente de la misma, Carlos Iturgáiz , se comprometió a pedir una tramitación de urgencia del caso, que podría ser tratado por los eurodiputados en un plazo de entre tres y cuatro meses.

Para Iturgáiz, ante el incumplimiento de una sentencia firme, los afectados “tienen todo su derecho de pedir amparo a las instituciones europeas” y abrir un debate sobre el asunto en Bruselas.

También se reunió  con los afectados por el ruido de Barajas el parlamentario popular Pablo Arias, quien subrayó que AENA debería haber acatado voluntariamente la sentencia, pues hay soluciones técnicas al problema de los vecinos.

Por este motivo, los alcaldes de San Sebastián de los Reyes, Algete y Torrejón de Ardoz se dieron cita, recientemente, para mostrar su disconformidad con la modificación Ley de Navegación Aérea que plantea el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero. La propuesta implica una remodelación del artículo número 4 de la citada normativa que “obligará” a los ciudadanos a “soportar la navegación aérea”.

Diversos colectivos, además de las administraciones locales afectadas, ya han dado la voz de alarma. “Larga es la lista de sustantivos y adjetivos que definen la actuación de AENA, Aviación Civil y de, suponemos, los intereses empresariales implicados para, desesperadamente, evitar el cierre del Aeropuerto de Madrid-Barajas, ante el aluvión de demandas judiciales por vulneración de los derechos fundamentales que numerosos colectivos, asociaciones y ayuntamientos habían anunciado por la afección acústica que provoca el tráfico aéreo”, aseguran desde el blog ‘Las mentiras de Barajas’.

Un poco de historia
El primer paso se dio en el Senado. El objetivo no era otro que dar luz verde a una enmienda que modificaba esta normativa a propuesta del Grupo Socialista. Finalmente, fue retirada. Ahora es el Consejo de Ministros el organismo que continúa con una reforma que  puede vaciar de contenido sentencias como las dictadas por el Tribunal Supremo, en la que se reconoce una violación de derechos fundamentales de los vecinos que soportan el ruido. Así, el fallo reduce, en un 50 por ciento, el número de vuelos sobre la urbanización Santo Domingo de Algete, entre otras cuestiones.

Conclusiones
Desde el portal web ‘Las mentiras de Barajas’ aseguran que “no se pueden anteponer supuestos intereses económicos  a los derechos fundamentales de os ciudadanos” y añaden que el fallo del Supremo “debería ser de aplicación automática e inmediata”.

También han catalogado de proceder “indigno y abusivo” el del Ministerio de Fomento y señalan que “lo más grave de esta modificación de la Ley de Navegación Aérea es la pretensión de que el Aeropuerto de Madrid-Barajas siga adelante con su operación insegura e ilegal, poniendo en riesgo la vida de millones de personas”.

Según ha informado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la finalidad de esta reforma “es doble: proteger adecuadamente a los ciudadanos que viven en poblaciones afectadas por el ruido de los aviones y salvaguardar los intereses del conjunto de los ciudadanos que utilizan los servicios aeroportuarios”.

De la Vega se ha comentado que el aeropuerto de Madrid-Barajas, “es un gran motor” económico y que la reducción de los vuelos por causa de las molestias que generan podría afectar a cerca de 125.000 y causaría perdidas “en torno a los 1.100 millones de euros de forma inmediata y de unos 3.000 millones a medio y largo plazo”.

David Erguido:

David Erguido, primer teniente de alcalde de Algete y presidente del Observatorio del Ruido afirma que este anuncio hay que tomarlo con cautela. Al mismo tiempo ha expresado su satisfacción, pues permitirá el debate y la participación de todos los afectados como solicitaron los ayuntamientos y el Partido Popular.

Obligaciones concretas

La idea es no recortar el tráfico de aviones del aeropuerto madrileño. Ya que según la vicepresidenta tendría un coste de 1.200 millones de euros, la opción del presidente Zapatero es  ampliar  el número de viviendas que el Ejecutivo tendría que aislar acústicamente y obligar a AENA a realizar algunos cambios en sus infraestructuras.

Según ha explicado De la Vega, con los cambios aprobados hoy “se reconoce el derecho a las personas afectadas” por el ruido de los aeropuertos a ser resarcidos y garantiza que las infraestructuras aeroportuarias “sigan siendo un elemento clave para el desarrollo de la economía nacional y la generación de empleo”.

Para ello, el gobierno establecerá “obligaciones precisas” sobre los niveles acústicos máximos y obligará a los aeropuertos a cumplirlos, a la vez que realizará planes de acción para aislar acústicamente  las casas de los vecinos afectados

La citada enmienda venía a modificar la Ley de Navegación Aérea de 1960, dentro de la ‘Ley Omnibús’ de servicios, frenando, de esta manera, un aluvión de reclamaciones a AENA tras la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que implica la reducción de vuelos, en un 50 por ciento, sobre las viviendas de la Urbanización Santo Domingo de Algete.

Destacar, asimismo, que en la jornada del pasado día 1 tuvo lugar una nueva reunión de alcaldes afectados en la localidad de San Fernando de Henares. La misma contó con la presencia de 10 regidores municipales que expresaron su más firme rechazo a la medida mediante la firma de un comunicado.

El Grupo Socialista en el Senado, a través del senador cordobés Antonio Hurtado, ha presentado una enmienda de modificación de la Ley de Navegación Aérea que persigue obligar a los vecinos de las poblaciones cercanas a los aeropuertos a soportar situaciones excepcionales de ruido y acotar su derecho a acudir a los Tribunales por estas situaciones.

La enmienda, que se ha incluido dentro de la Ley Omnibus denominada “Ley de Modificación de las leyes previas para adaptarlas a la nueva Ley de Servicios Públicos” establece, entre otras cosas, que: “Los dueños de los bienes subyacentes tendrán la obligación de soportar la navegación aérea………….” Obligando según su apartado a) “A los habitantes y poblaciones asentadas en las proximidades de estos aeropuertos  a soportar los sobrevuelos, frecuencias, ruido y demás impactos ambientales producidos por las aeronaves como consecuencia del uso de la infraestructura aeroportuaria, sus aerovías y sus operaciones asociadas…….”

Foto_ j.miguel.rodriguez

Al tiempo que ordena la imposición de servidumbres forzosas “sin perjuicio de las indemnizaciones” y legaliza situaciones excepcionales de ruido remitiendo su aplicación “tanto a las infraestructuras aeroportuarias preexistentes como a las nuevas infraestructuras que puedan construirse en un futuro……” es decir, al Decreto de desarrollo de la Ley del Ruido (cuyo texto está recurrido por el Ayuntamiento de Algete en los Tribunales) que sitúa los límites de inmisión de ruido en 85db frente a los 65db día que establece la Ley del Ruido.

Además la enmienda pretende hacer una ley “ad casum”, frente a la Sentencia del Tribunal Supremo que condenó a AENA por la violación del derecho fundamental a la intimidad domiciliaria de los vecinos de la Urbanización Santo Domingo, Algete. La enmienda pretende  afectar “a los derechos individuales y colectivos de las poblaciones circundantes de los aeropuertos reconocidos o que pudieran reconocerse judicial o administrativamente”. Es decir, el PSOE pretende tumbar por Ley una sentencia del Tribunal Supremo en un hecho impropio y sin precedentes en un Estado de Derecho.

La alcaldesa de Algete, Inmaculada Juárez, señaló que esta enmienda constituye una indignidad inconstitucional más propia de regímenes totalitarios que de democracias occidentales. Además, la alcaldesa se preguntó ¿qué esperanzas pueden quedarles a los ciudadanos con este Gobierno, si son capaces de retorcer las leyes de esa manera para no aplicar una sentencia del Supremo?.

Para la alcaldesa de Algete está  enmienda pone en una situación muy difícil a los responsables socialistas de los municipios afectados por el ruido, quienes deberían rebelarse frente a este atropello en vez de esconderse ante los vecinos.

El Ayuntamiento de Algete no descarta denunciar al Gobierno de España en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si persiste este atropello a los derechos de los ciudadanos.