La pesadilla de los pisos turísticos no se ha atenuada con el decreto de la Comunidad de Madrid que intentaba regular este tipo de alquileres ilegales. Solo un 10% ha regularizado su situación. Mientras, el sector turístico sigue sufriendo la competencia desleal y los vecinos continúan sufriendo el alboroto y la inseguridad de esta práctica cada vez más extendida.
Hace ya un año que las asociaciones de Madrid y los vecinos se pusieron en pie de guerra contra las viviendas turísticas ilegales y hace un año que la Comunidad aprobara el decreto que regulaba el funcionamiento de este tipo de viviendas. Un año después de este pretendido puñetazo en la mesa sólo el 10% de los pisos turísticos se han legalizado, unas 840 de las 8.000 que se calcula que operan en la capital.
Vecinos afectados
Además de las pérdidas económicas que supone esta actividad en negro y la competencia desleal a alojamientos turísticos ilegales, estas viviendas suponen un verdadero infierno para los vecinos. Los ruidos hasta última hora de la madrugada y la seguridad son las grandes preocupaciones de quienes viven alrededor de estos pisos. Las quejas por las fiestas y alborotos no cesan, pero normalmente no se puede hacer nada pues los turistas conforme vienen se van.
El barrio más afectado por los alquileres turísticos ilegales es la nocturna Malasaña. En esta zona incluso hay edificios enteros gestionados por agencias de distintas nacionalidades. Las viviendas suelen encontrarse en muy mal estado, ya que lo importante no es el estado de la vivienda, sino tener un lugar donde correrse una buena fiesta. Aunque todavía es peor cuando estos inquilinos fugaces deciden usar zonas comunitarias como piscinas y gimnasios. Los resultados de estas incursiones pueden ser desastrosos.
La dificultad a la hora de denunciar
El problema de estas viviendas es que es muy complicado comprobar que el propietario no cumplen los requisitos establecidos. Precisamente, el decreto aprobado por la Comunidad de Madrid pretendía regular esta práctica. La normativa establece que no se puede alquilar un inmueble por un periodo menor a cinco días. Esto puso en pie de guerra a la Asociación de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de Madrid que denuncia que el tipo medio de alquiler de estas viviendas oscila entre 2 y 3 días.
Así, un año después de su aprobación parece que el decreto no ha conseguido su objetivo de regularizar y controlar una práctica que hace perder ingresos tanto al sector hotelero como al Estado y que, sin duda, hace perder la cabeza a los vecinos que tienen que soportar que sus edificios se conviertan en salas de fiesta improvisadas.
