La Comunidad de Madrid va a constituir una comisión que estudiará la viabilidad de crear un fondo de compensación para los trabajadores del Metro afectados por el amianto, órgano que estará abierto a la participación de todos los sindicatos con representación en el suburbano.
Así lo ha anunciado la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, en su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea de Madrid para dar cuenta de la gestión del Gobierno regional en el suburbano madrileño.
Durante su intervención, solicitada por el Grupo Socialista, Gonzalo ha puesto en valor que Metro de Madrid “es el operador de transporte público más importante de la región. Cada día lo utilizan más de dos millones y medio de personas y que en lo que va de año ha incrementado su número de viajeros un 4,8 %, entre otras cosas gracias a la capacidad profesional e implicación de sus casi 7.000 trabajadores”.
Aseguran la seguridad del uso del suburbano
La consejera también ha defendido la gestión económica de Metro, “que en 2017 presentó una cuenta anual de resultados positiva por primera vez tras los años de la crisis”. Igualmente, ha destacado que los propios usuarios de Metro califican la calidad de servicio recibida con un 7,65 sobre 10, teniendo en cuenta parámetros como la puntualidad, la seguridad en la circulación o la limpieza de trenes y estaciones.
Afirman que no existe ningún riesgo para la salud
Respecto a la presencia de amianto en las instalaciones, Gonzalo ha reiterado que no existe ningún riesgo ni para usuarios ni para trabajadores, y que se están tomando medidas concretas de vigilancia de la salud y renovación de los materiales móviles y estructurales que contengan asbesto dentro del Plan de Desamiantado, dotado con 140 millones de euros.
En cuanto a las últimas actuaciones de grafiteros en el suburbano, ha recordado que tras la reunión mantenida ayer con la Delegación de Gobierno se va a incrementar la presencia policial en las instalaciones de Metro. Una medida encaminada a garantizar la seguridad de viajeros y trabajadores “ante unos actos vandálicos que solo el año pasado ocasionaron daños por valor de cerca de 1,5 millones de euros”.
