El Tribunal Supremo ha dictaminado que el Hotel Algarrobito, ubicado en el término municipal de Carboneras, Almería, es ilegal y Greenpeace pide su derribo.
La sentencia definitiva y no recurrible del Tribunal Supremo reafirma que hotel de El Algarrobico invade el dominio público marítimo-terrestre, por lo que Greenpeace exige tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía que, como se comprometieron, comiencen los trámites para la demolición del hotel ilegal.
La sentencia del Supremo rechaza el recurso que interpuso el Ayuntamiento de Carboneras contra un fallo de la Audiencia Nacional que validaba una Orden Ministerial de 2005, que reconocía como zona protegida por la Ley de Costas los 100 primeros metros del litoral, lo que demostraba que el edificio se había construido en terreno público, y por tanto, era ilegal.
En diciembre del año pasado, el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía firmaron un protocolo de colaboración para la recuperación de la playa de El Algarrobico. Ambas administraciones afirmaron entonces que el plan se pondría en marcha tan pronto como hubiera una sentencia firme que respaldara la medida.
«El Gobierno central y la Junta ya tienen lo que querían, una sentencia irrecurrible que declara que casi la mitad del edificio está construido ilegalmente», ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas. «Ya no quedan excusas y lo único que la ciudadanía espera es que se cumplan las resoluciones judiciales y que las administraciones públicas cumplan con su deber de protección del litoral» ha afirmado Marcos.
A esta sentencia se suma la declaración como «no urbanizable» de toda la parcela en la que se construyó el hotel, que el pasado viernes la Junta de Andalucía publicó en el BOJA, lo que daba respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo que denunciaba «los daños irreparables que el hotel ilegal ha supuesto para el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar».
Con los fundamentos jurídicos existentes, que demuestran que la promotora, Azata del Sol, era consciente de que el hotel está siendo construido en una zona protegida, Greenpeace considera que la empresa no debería recibir ninguna indemnización pública. La organización ecologista espera que los trabajos de demolición y recuperación de la zona se conviertan en un motor para el empleo verde y el turismo sostenible en la zona.
