La Comunidad de Madrid quiere reducir la burocracia que afecta a empresas y ciudadanos y hacer más sencillo el cumplimiento de las normas. El proyecto de ley aprobado este 7 de octubre propone compensar cada nueva carga administrativa con la eliminación de otra de coste equivalente. También plantea acelerar los proyectos de inversión de especial interés y revisar de forma continua las normas para retirar las que hayan dejado de ser necesarias.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el proyecto de Ley de medidas contra la Hiperregulación, una iniciativa que busca reducir las cargas burocráticas y simplificar la normativa relacionada con la actividad económica.
Una de las principales novedades es que cada nueva carga administrativa que se imponga a una empresa deberá compensarse eliminando otra de coste equivalente. La intención es evitar que las obligaciones administrativas sigan acumulándose y facilitar que las empresas puedan dedicar menos recursos a trámites.
El proyecto será remitido ahora a la Asamblea de Madrid, donde tendrá que continuar su tramitación antes de convertirse en una norma en vigor.
Dos fechas al año para las nuevas obligaciones
La propuesta también pretende que las empresas puedan anticipar mejor los cambios normativos. Para ello, las nuevas obligaciones dirigidas a empresas y operadores económicos tendrían dos fechas concretas de entrada en vigor: el 2 de enero y el 1 de julio.
El sistema está inspirado en el modelo británico y busca que las empresas conozcan con mayor antelación cuándo deberán adaptarse a nuevas obligaciones, evitando que los cambios se produzcan de forma dispersa durante el año.
Revisión de las normas que ya no sean necesarias
Otro de los puntos incluidos en el proyecto es la evaluación permanente de las normas de la Comunidad de Madrid. El objetivo es comprobar si cada regulación sigue cumpliendo la finalidad para la que fue creada y decidir, en función de ese análisis, si debe mantenerse, modificarse o eliminarse.
La propuesta contempla además cláusulas de caducidad para las normas de organización, de manera que no permanezcan vigentes indefinidamente cuando hayan dejado de ser necesarias.
Más rapidez para los proyectos de inversión
La iniciativa también refuerza la Aceleradora de Inversiones, con la intención de reducir el tiempo necesario para poner en marcha determinados proyectos. Los proyectos considerados de especial interés tendrán tramitación preferente y plazos reducidos a la mitad.
Con esta medida, la Comunidad pretende facilitar la gestión de iniciativas de inversión y acortar los tiempos asociados a su tramitación administrativa.
Los ciudadanos podrán señalar los trámites que dificultan la actividad
El proyecto también apuesta por reforzar la Línea Abierta contra la Hiperregulación, un mecanismo a través del cual ciudadanos y empresas pueden comunicar trámites o requisitos que consideren que están dificultando la actividad económica.
Según la nota de prensa, esta vía ha permitido ya eliminar 738 cargas administrativas.
La propuesta busca potenciar este canal para detectar obstáculos y conocer de primera mano qué trámites pueden estar generando dificultades innecesarias.
Entidades privadas podrán participar en algunos trámites
Otra de las medidas planteadas es permitir la participación de entidades privadas en la gestión de determinados trámites administrativos, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta.
Estas entidades deberán contar con una acreditación y estarán sometidas a controles y responsabilidades para garantizar los derechos de ciudadanos y empresas.
La medida abre así la puerta a una mayor participación de entidades externas en determinados procesos, aunque bajo supervisión y con requisitos establecidos por la Administración.
Espacios de prueba para nuevos productos y servicios
El proyecto incorpora también los llamados espacios de prueba, en los que podrán ensayarse productos o servicios que todavía no estén contemplados por la legislación vigente.
Las pruebas se realizarían bajo supervisión de la Administración. La finalidad es permitir que determinadas iniciativas puedan ponerse a prueba en un entorno controlado cuando la normativa actual todavía no contemple su actividad.
A esto se suman medidas relacionadas con el uso de datos, la inteligencia artificial y la digitalización de los trámites públicos.
Una propuesta pendiente de aprobación definitiva
La iniciativa aprobada este 7 de octubre es un proyecto de ley, por lo que todavía no supone la entrada en vigor de estas medidas.
El texto tendrá que ser remitido a la Asamblea de Madrid para su debate y votación. Será durante esa tramitación cuando se determine el contenido definitivo de la futura norma.
La propuesta parte de una intención concreta: reducir la burocracia, simplificar las normas y facilitar la actividad económica, combinando la eliminación de cargas con una revisión periódica de la regulación y una mayor rapidez en determinados procedimientos.
