El operativo se ha desarrollado durante la madrugada de este martes y se ha saldado con dos detenidos y 334 personas desalojadas, según la Delegación del Gobierno. Las autoridades defienden la intervención por motivos de seguridad y convivencia.
La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid han desalojado durante la madrugada de este martes la acampada instalada en la Puerta del Sol desde el pasado 26 de septiembre. La concentración, conocida como Acampada 26S, mantenía desde entonces una protesta para reclamar medidas frente a la crisis de la vivienda y denunciar las dificultades de acceso a un hogar.
Según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Madrid, el operativo se ha saldado con 334 personas desalojadas y dos detenidos por resistencia y desobediencia a la autoridad. El dispositivo ha contado con 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal, además de efectivos de bomberos y servicios sociales.
La intervención ha comenzado durante la madrugada, en torno a las tres. Durante las horas posteriores, los servicios municipales de limpieza han iniciado la retirada de las tiendas de campaña, lonas y demás materiales instalados en la plaza. Los objetos retirados serán trasladados a depósitos municipales para que sus propietarios puedan reclamarlos.
La Delegación del Gobierno en Madrid sostiene que la actuación se desarrolló sin disturbios ni episodios de violencia. La institución defiende que el dispositivo se ejecutó conforme a criterios de proporcionalidad y que su objetivo era garantizar la seguridad de las personas y los bienes, además de permitir el uso de la plaza.
Los requerimientos previos de la Delegación del Gobierno
La Delegación del Gobierno ha explicado que el desalojo fue precedido por varias comunicaciones dirigidas a los participantes en la acampada.
Según la información facilitada por la institución, el primer escrito se remitió el 26 de octubre y el segundo, el día 29. En ambos se solicitaba poner fin a la concentración y retirar las instalaciones de la plaza.
La institución argumenta que, después de más de un mes, la protesta había experimentado un cambio en su naturaleza. Según su versión, las principales comisiones organizadoras habían abandonado el espacio y parte de las personas que permanecían allí eran personas sin hogar y colectivos vulnerables. También alude a la existencia de incidentes y hechos presuntamente delictivos en el interior y en el entorno de la acampada.
La Delegación considera que estas circunstancias justificaban la intervención y califica el desalojo como una medida de último recurso.
