Los ayuntamientos deberán acreditar que sus ZBE funcionan para que las restricciones y multas tengan validez

La modificación del Real Decreto 1052/2022 introduce cinco requisitos que los consistorios deberán justificar ante la Administración

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) vuelven a estar en el centro del debate sobre la movilidad urbana. Esta vez, el cambio no llega por una nueva clasificación de vehículos ni por una ampliación de las restricciones de circulación, sino por las obligaciones que tendrán que cumplir los ayuntamientos para demostrar que estas zonas están realmente implantadas.

El Gobierno ha modificado el Real Decreto 1052/2022, que regula las condiciones mínimas de las Zonas de Bajas Emisiones, para introducir nuevos requisitos de acreditación. La intención es evitar que una zona pueda considerarse implantada únicamente porque el municipio haya aprobado una ordenanza o delimitado un perímetro en el que se restringe la circulación. La nueva regulación comenzará a aplicarse el 26 de noviembre de 2026. A partir de esa fecha, los ayuntamientos deberán cumplir las nuevas exigencias de acreditación para que sus Zonas de Bajas Emisiones puedan considerarse correctamente implantadas.

A partir de esta modificación, los ayuntamientos tendrán que aportar documentación que demuestre que las medidas previstas están en vigor y se aplican efectivamente. Una exigencia que afecta tanto a las restricciones de acceso de los vehículos como a los sistemas de vigilancia, la conexión con la Dirección General de Tráfico (DGT) y la aplicación de las sanciones. La modificación introduce una cuestión especialmente relevante: mientras no se reciba la documentación exigida, la ZBE no podrá considerarse correctamente implantada.

Cinco requisitos para acreditar que las restricciones son reales

El nuevo texto modifica el apartado 3 del artículo 10 del Real Decreto 1052/2022 y establece cinco elementos que los municipios deberán justificar ante la Administración estatal y el órgano autonómico competente en materia de medio ambiente.

El primero es la existencia de una normativa municipal vigente que regule la Zona de Bajas Emisiones. Los consistorios deberán remitir esa documentación en el plazo de un mes desde su entrada en vigor.

El segundo requisito afecta directamente a las condiciones de circulación. Los ayuntamientos tendrán que acreditar que las prohibiciones y restricciones de acceso, circulación y estacionamiento están efectivamente en vigor y que se aplican teniendo en cuenta el potencial contaminante de los vehículos. No bastará, por tanto, con que las limitaciones aparezcan recogidas en una ordenanza. Habrá que demostrar que el régimen de restricciones está vigente.

El tercer punto se centra en los mecanismos de control. La nueva regulación exige documentación que acredite la aplicación efectiva de los sistemas de control de accesos, monitorización y seguimiento. Se trata de comprobar que los instrumentos previstos para supervisar el funcionamiento de la zona están realmente operativos.

El cuarto requisito obliga a justificar la integración de la ZBE con el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad de la DGT, un aspecto relacionado con la conexión de la información de estas zonas con el sistema nacional de tráfico y movilidad.

Por último, aparece uno de los apartados que más interés puede despertar entre los conductores: la aplicación efectiva del régimen sancionador.

La Administración tendrá que comprobar cómo funciona cada zona

La documentación deberá remitirse a dos organismos: la Subdirección General competente en materia de calidad del aire del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el órgano autonómico competente en materia de medio ambiente. De esta manera, la modificación refuerza el seguimiento administrativo de las ZBE y permite comprobar si los municipios están cumpliendo las condiciones establecidas. Además, se mantiene la obligación de informar sobre las características de cada zona, su delimitación y superficie, las medidas adoptadas, el calendario previsto para desarrollarlas y los resultados de los indicadores obligatorios de seguimiento.

Esta información debe facilitarse en el plazo máximo de un mes desde el establecimiento de la ZBE. La nueva regulación distingue así entre informar sobre la existencia y las características de una zona y acreditar que todos los mecanismos necesarios para su funcionamiento están efectivamente implantados.

¿Qué ocurre si un ayuntamiento no presenta la documentación?

La consecuencia aparece recogida en el último párrafo de la nueva redacción del artículo 10.3: «En tanto no se reciba dicha documentación, no se considerará correctamente implantada la ZBE».

ZBE

Se trata de una de las disposiciones más importantes del cambio normativo, porque condiciona el reconocimiento de la correcta implantación de estas zonas a la entrega de la documentación exigida. En la práctica, los ayuntamientos tendrán que revisar que disponen de todos los documentos necesarios y que pueden acreditar cada uno de los cinco requisitos. No será suficiente con justificar que existe una regulación municipal o que se han delimitado las calles afectadas. También tendrán que demostrar que las restricciones están en vigor, que los sistemas de control se aplican, que existe integración con la DGT y que el régimen sancionador funciona.

En definitiva, los ayuntamientos tendrán que demostrar que sus Zonas de Bajas Emisiones existen también en la práctica, no solo sobre el papel. Una exigencia que introduce un mayor control sobre las administraciones locales y que sitúa la documentación, los sistemas de vigilancia y la aplicación de las sanciones en el centro de la nueva regulación.

¿Podrían dejar de imponerse multas si el ayuntamiento no cumple los requisitos?

ZBE

Esta es una de las cuestiones que más puede interesar a los conductores. La nueva regulación introduce una exigencia que puede tener consecuencias directas sobre las sanciones: si un ayuntamiento no entrega la documentación necesaria para acreditar que su Zona de Bajas Emisiones está correctamente implantada, la propia norma establece que no podrá considerarse como tal.

Esta circunstancia puede abrir un debate jurídico sobre la posibilidad de seguir imponiendo multas por acceder o circular por una zona cuya implantación no haya quedado debidamente acreditada. En otras palabras, si un consistorio no puede demostrar que tiene en vigor las restricciones, que funcionan los sistemas de control y que aplica el régimen sancionador conforme a los requisitos establecidos, podría encontrarse con dificultades para justificar legalmente las sanciones que imponga por incumplir esas restricciones.

Esto no significa que todas las multas desaparezcan automáticamente ni que el decreto ordene suspender las sanciones en todos los municipios que no hayan presentado la documentación. Sin embargo, la falta de acreditación de una ZBE podría convertirse en un argumento para cuestionar la legalidad de determinadas multas.

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Paula de Marcos Aragón
Paula de Marcos Aragónhttp://www.cronicanorte.es
Paula de Marcos Aragón, periodista, licenciada en Ciencias de la Información y vecina de Algete. Es redactora en Crónica Norte desde 2021.

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