La histórica asociación APADIS, dedicada desde hace más de 40 años al apoyo de personas con discapacidad intelectual, se enfrenta a un juicio que amenaza su estabilidad financiera y, con ello, los servicios esenciales que brinda a más de 500 familias. El conflicto con el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes gira en torno a una deuda que APADIS considera inexistente y cuya reclamación podría culminar en una sentencia catastrófica para la organización.
¿Cómo comenzó el conflicto?
El origen del problema se remonta a 2020, cuando el gobierno municipal anterior, liderado por el PSOE y sus socios de coalición, exigió a APADIS el pago de 375.000 € en concepto de canon por el uso de un terreno cedido en 2005. Este terreno acoge una estación de servicio que emplea a personas con discapacidad, una iniciativa clave para la inclusión laboral que ha sido gestionada por APADIS con éxito durante años.
Sin embargo, la deuda reclamada se refiere a un período en el que no existía un convenio formal entre APADIS y el Ayuntamiento. Aunque la asociación propuso en varias ocasiones formalizar dicho acuerdo, no fue hasta noviembre de 2023, bajo el nuevo gobierno municipal del PP, que se firmó el convenio regulador. A pesar de ello, la recuperación económica sigue adelante, ahora incrementada a más de 400.000 €.
El papel del nuevo equipo de gobierno
Con la llegada al poder de Lucía Fernández (PP), la promesa de una solución rápida a este conflicto fue uno de los pilares de su campaña. Sin embargo, a casi un año de su mandato, las esperanzas de APADIS se ven frustradas. Aunque el gobierno de Fernández firmó el convenio regulador en noviembre de 2023, la deuda sigue en los tribunales, y la amenaza de una sentencia negativa que podría provocar la bancarrota de APADIS sigue vigente.
Desde el equipo de gobierno actual, defienden haber accionado con diligencia al regularizar la situación y proporcionar apoyo económico a la asociación. Según fuentes municipales, se ha aprobado una subvención para APADIS por una importación de 47.737 euros en los presupuestos de 2024. Además, destacan que se han suspendido las liquidaciones del canon correspondientes a los años anteriores a la firma del convenio, a la espera de la resolución judicial.
¿De quién es la responsabilidad?
La tensión entre ambas partes refleja dos versiones muy diferentes de la misma historia. Desde APADIS, se subraya que la falta de un convenio formal durante casi dos décadas es culpa del Ayuntamiento, quien tenía la obligación de firmar dicho documento en el momento de la cesión del terreno. Para la asociación, reclamar una deuda por un período en el que no existía tal acuerdo es un claro despropósito y una muestra de negligencia por parte del consistorio.
Por su parte, el Ayuntamiento actual sostiene que no es responsable de la situación y culpa al gobierno anterior de haber iniciado los procedimientos legales contra APADIS. En su comunicado oficial, señalan que su único objetivo ha sido regularizar la situación y brindar apoyo a la asociación, pero insisten en que no pueden retirar la demanda debido a las limitaciones legales. Según el consistorio, la única salida viable es esperar la sentencia judicial para resolver el conflicto.
¿Qué está en juego?
Lo que está en juego es mucho más que una disputa legal. APADIS gestiona más de 500 plazas públicas para personas con discapacidad intelectual, brindando servicios esenciales a cientos de familias en la Comunidad de Madrid. Una sentencia desfavorable pondría en riesgo la continuidad de estos servicios, algo que ni la asociación ni las familias afectadas pueden permitirse.
Además, la reputación del Ayuntamiento también está en juego. Las promesas electorales incumplidas y la percepción de que no se ha hecho lo suficiente para proteger a una organización tan vital para la comunidad generan inquietud entre los ciudadanos.
¿Es posible una solución?
A pesar de la situación crítica, ambas partes coinciden en que una solución es posible, aunque las vías para alcanzarla difieren. APADIS ha manifestado su disposición a mantener el diálogo con el Ayuntamiento, buscando una salida que evite el juicio. Por otro lado, el consistorio señala que su margen de maniobra es limitado por las restricciones legales y que la sentencia judicial será determinante.
La situación sigue siendo incierta, y las próximas semanas serán cruciales para determinar si el conflicto podrá resolverse sin llegar a una bancarrota que sería devastadora tanto para APADIS como para las familias a las que presta servicio.
Comunicado oficial del Gobierno de San Sebastián de los Reyes
San Sebastián de los Reyes, 1 de octubre de 2024 – El equipo de Gobierno de San Sebastián de los Reyes lamenta profundamente el comunicado sesgado y plagado de desinformaciones hecho público por la dirección de APADIS, entidad a la que siempre hemos respaldado y respaldaremos.
El Ejecutivo de Lucía S. Fernández ha sido el único en la Historia de la ciudad capaz de regularizar la situación del ‘surtidor de oportunidades’, con la firma de un convenio en noviembre de 2023. Hay que recordar que, hace 25 años, el Ayuntamiento cedió a APADIS un terreno municipal para la explotación de una gasolinera regentada por personas con discapacidad. Sin embargo, nunca antes se había regularizado dicha cesión. Este convenio dio carta de naturaleza a la condición del acuerdo inicial, en función de la cual la entrega del suelo municipal se compensaba con la labor social que desde APADIS se ejecuta.
No ha sido hasta la llegada del gobierno de Lucía S. Fernández cuando se ha comenzado a resolver esta situación. Situación que comienza y que fue generada en el mandato anterior, con el PSOE en el poder y a instancias de su socio, quienes (en la Junta de Gobierno Local del 9 de diciembre de 2020) acordaron reclamar a APADIS el pago del canon por el uso de los terrenos y fueron ellos los que decidieron llevarla a los tribunales si no pagaba. Y fue en el mandato anterior, con el gobierno del PSOE, cuando se presentó la demanda en el juzgado. Esta es la triste realidad que se ha encontrado el actual equipo de Gobierno municipal del Partido Popular y su alcaldesa.
Ante este panorama desolador y terriblemente injusto para APADIS, el actual equipo de Gobierno se puso manos a la obra de inmediato haciendo lo siguiente:
1. En noviembre de 2023, cinco meses después de tomar posesión, se firmó el convenio con APADIS que regularizaba la situación del pago del canon a futuro. Convenio que, durante los ocho años anteriores de Gobierno municipal socialista (en los que el PSOE tuvo diferentes socios como Izquierda Independiente), podría perfectamente haberse aprobado. Pero no fue así y se prefirió denunciar a la asociación en los tribunales.
2. En el año 2024 se han aprobado los presupuestos municipales, que contemplan una subvención para la asociación por un importe de 47.737 euros.
3. Se han suspendido los procesos contenciosos administrativos que APADIS interpuso frente al Ayuntamiento en el mandato pasado. Procesos que ha heredado el actual Gobierno de Lucía Fernández porque el anterior equipo de Gobierno tampoco pagaba los acuerdos que tenía firmados con la entidad.
4. El actual Gobierno municipal también ha suspendido las liquidaciones del canon al que debe de hacer frente la asociación hasta el ejercicio 2023, a la espera de la decisión judicial por la demanda que el gobierno del PSOE presentó frente a APADIS.
5. Se ha tramitado la solicitud y autorización para la transformación de la asociación a fundación. Solicitud que nos encontramos paralizada y olvidada en un cajón.
6. Se han posibilitado acuerdos entre la entidad y varias multinacionales asentadas en San Sebastián de los Reyes, como Microsoft.
7. Se ha facilitado el desarrollo de campamentos de verano sufragados con fondos públicos, dentro de la campaña ‘Mi mejor verano en Sanse 2024’.
8. O, por ejemplo, se han mantenido y mejorado todos los acuerdos existentes con APADIS (como la cesión de instalaciones y espacios públicos en el Centro de Formación o el mercadillo).
El Ayuntamiento y APADIS deben esperar a que recaiga sentencia, porque es la única solución posible legalmente (como sabe y conoce la dirección de la entidad) para solucionar una controversia que nunca se debió producir. El Ejecutivo local no puede “perdonar” la deuda que el Gobierno socialista anterior decidió reclamar judicialmente. No es frente a quien está ayudando con todas sus posibilidades a APADIS contra quien debe dirigir su entendible enfado su directiva, sino ante quien le ha llevado a colocarse en esta complicada situación.
Nuestro compromiso con la plena inclusión y con las personas con discapacidad es absoluto. Pero nunca vamos a permitir ni a tolerar presión de ningún tipo. Frente a ello, adoptaremos todas las medidas necesarias para evitar una manipulación interesada de la verdad.
Reflexiones finales
Este caso plantea preguntas incómodas sobre la responsabilidad institucional y el manejo de los recursos públicos destinados a organizaciones sociales. ¿Deberían las instituciones municipales ser más flexibles en su relación con entidades que realizan una labor tan crucial? ¿Qué impacto tienen las decisiones políticas en las vidas de personas vulnerables? La respuesta a estas preguntas no es sencilla, pero es evidente que este conflicto tendrá repercusiones duraderas para todas las partes implicadas.
