Después de una semana trepidante en la que hemos visto sentencias a favor de los vecinos de Santo Domingo y la «surrealista» enmienda que un senador socialista por Cordoba quería implantar a la ley de Navegación Aerea de 1960 en la quería que los vecinos tuvieran que padecer por ley cualquier tipo de ruidos provocados por el trafico aéreo de Barajas. el 4 de Diciembre el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley que modifica la Ley de Navegación Aérea para reconocer el derecho de los afectados por el ruido de los aviones a ser resarcidos por los daños y perjuicios que sufren y garantizar a la vez el futuro de las infraestructuras aeroportuarias.
Según ha informado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la finalidad de esta reforma «es doble: proteger adecuadamente a los ciudadanos que viven en poblaciones afectadas por el ruido de los aviones y salvaguardar los intereses del conjunto de los ciudadanos que utilizan los servicios aeroportuarios».
De la Vega se ha comentado que el aeropuerto de Madrid-Barajas, «es un gran motor» económico y que la reducción de los vuelos por causa de las molestias que generan podría afectar a cerca de 125.000 y causaría perdidas «en torno a los 1.100 millones de euros de forma inmediata y de unos 3.000 millones a medio y largo plazo».
David Erguido:
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David Erguido, primer teniente de alcalde de Algete y presidente del Observatorio del Ruido afirma que este anuncio hay que tomarlo con cautela. Al mismo tiempo ha expresado su satisfacción, pues permitirá el debate y la participación de todos los afectados como solicitaron los ayuntamientos y el Partido Popular.
Obligaciones concretas
La idea es no recortar el tráfico de aviones del aeropuerto madrileño. Ya que según la vicepresidenta tendría un coste de 1.200 millones de euros, la opción del presidente Zapatero es ampliar el número de viviendas que el Ejecutivo tendría que aislar acústicamente y obligar a AENA a realizar algunos cambios en sus infraestructuras.
Según ha explicado De la Vega, con los cambios aprobados hoy «se reconoce el derecho a las personas afectadas» por el ruido de los aeropuertos a ser resarcidos y garantiza que las infraestructuras aeroportuarias «sigan siendo un elemento clave para el desarrollo de la economía nacional y la generación de empleo».
Para ello, el gobierno establecerá «obligaciones precisas» sobre los niveles acústicos máximos y obligará a los aeropuertos a cumplirlos, a la vez que realizará planes de acción para aislar acústicamente las casas de los vecinos afectados