Una inversión para mantener la movilidad y la seguridad vial en el norte de Madrid
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato valorado en 38 millones de euros destinado a la conservación y explotación de carreteras del Estado en la Comunidad de Madrid. La medida, que se inscribe dentro del programa de mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado (RCE), busca garantizar unas condiciones óptimas de circulación y seguridad en los principales ejes del norte madrileño, entre ellos la autovía A-1 y la carretera N-320.
Un contrato que abarca 84 kilómetros y prioriza la sostenibilidad
El contrato tiene una duración inicial de tres años y podrá prorrogarse por otros dos, más una extensión adicional de nueve meses si fuera necesario. En total, las actuaciones cubrirán 84,37 kilómetros de carreteras, de los cuales más de 39 corresponden a tramos de autovía. Las vías incluidas se concentran en el sector número 1 de Madrid, una zona clave para el tránsito metropolitano y las conexiones interprovinciales con Guadalajara y el norte de España.
Las carreteras afectadas son las siguientes:
- La autovía A-1, desde el barrio de Las Tablas (km 12) hasta Venturada (km 50).
- La M-12, a su paso por Alcobendas, con algo más de un kilómetro de longitud.
- La N-320, desde Venturada (km 341) hasta el límite con Guadalajara, en El Casar (km 317).
- La A-1A, entre los kilómetros 40,6 y 46,6.
- La M-110, en un tramo de 1,2 kilómetros paralelo al aeropuerto de Barajas.
- Y la N-1A, en diversos puntos de San Sebastián de los Reyes y Fuente del Fresno, entre los kilómetros 18 y 23.
Actuaciones previstas: más allá del asfalto
Los trabajos no se limitarán al mantenimiento físico de las vías, sino que incluirán tareas de vigilancia, atención a accidentes, vialidad invernal, control de túneles y comunicaciones, además del mantenimiento de las instalaciones. Estas actuaciones forman parte del modelo integral de conservación que el Ministerio aplica desde hace años para ofrecer un servicio de movilidad eficiente y sostenible.
El objetivo es que la infraestructura y sus elementos funcionales mantengan las mejores condiciones posibles de circulación y seguridad, a través de operaciones programadas de revisión, limpieza, conservación y mejora continua. También se incorporan medidas de apoyo a la explotación y estudios de seguridad vial, que permitirán ajustar las actuaciones a las necesidades reales de cada tramo.
Reducir emisiones: una meta obligatoria en los nuevos contratos
El proyecto destaca por su enfoque medioambiental. Los pliegos de licitación incluyen, como requisito obligatorio, la presentación de un cálculo de la huella de carbono que generarán las empresas durante la ejecución del contrato. De esta manera, la conservación de las carreteras se alinea con los compromisos de eficiencia energética y descarbonización impulsados por el Gobierno.
Las medidas ambientales no son nuevas: desde 2022 se han implantado sistemas de autoconsumo energético, calefacción con fuentes renovables, iluminación eficiente y la introducción de vehículos eléctricos para el mantenimiento. Ahora, se da un paso más, ya que desde 2023 las empresas adjudicatarias están obligadas a presentar, durante los seis primeros meses de ejecución, un plan de descarbonización que fije el objetivo de alcanzar un balance neutro de carbono en un máximo de cinco años.
Compensación y control de la huella de carbono
El plan de descarbonización deberá detallar las medidas de mitigación y compensación de emisiones, así como los proyectos de absorción previstos. Estas compensaciones podrán realizarse mediante proyectos inscritos en el Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción de Dióxido de Carbono, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
De este modo, se pretende que cada contrato no solo mejore el estado físico de las infraestructuras, sino que también contribuya activamente a los objetivos nacionales de sostenibilidad. La meta es que el mantenimiento de las carreteras deje de ser una fuente de emisiones y se convierta en una herramienta para su reducción.
Un modelo de conservación integral para optimizar recursos públicos
El Ministerio de Transportes continúa aplicando su modelo mixto de conservación, que combina servicios y obras. Este enfoque permite una gestión más eficiente de los recursos públicos al integrar las labores de mantenimiento ordinario con actuaciones puntuales de mejora o refuerzo estructural.
A través de este sistema se asegura una respuesta rápida ante incidencias, se mejora la planificación de los trabajos y se mantienen niveles de calidad más homogéneos en toda la red. Además, se da prioridad a la seguridad vial y a la atención al usuario, reforzando la coordinación con los servicios de emergencia y los centros de control de tráfico.
Una inversión que refuerza la movilidad sostenible
Con este contrato, el Gobierno da un paso más en la modernización de la Red de Carreteras del Estado, alineando su conservación con los objetivos europeos de sostenibilidad y reducción de emisiones. La inversión no solo busca mantener la funcionalidad de las vías, sino convertir la red viaria en un ejemplo de eficiencia energética y compromiso ambiental.
El reto ahora será lograr que estos criterios se mantengan en el tiempo y que las empresas adjudicatarias cumplan con los planes de descarbonización previstos. La movilidad del futuro, también en la Comunidad de Madrid, dependerá en buena medida de la capacidad de integrar el mantenimiento de infraestructuras con la transición ecológica.
