La Administración regional participará como acusación popular en el procedimiento judicial por la muerte de la vecina, ocurrida el pasado septiembre. La mujer falleció en el hospital tras sufrir graves lesiones en su domicilio de San Sebastián de los Reyes. El caso se tramita en el órgano judicial especializado en violencia sobre la mujer de Alcobendas.
La Comunidad de Madrid se personará como acusación popular en el procedimiento por la muerte de una mujer de 88 años en San Sebastián de los Reyes, según ha anunciado el Gobierno regional este miércoles, 21 de octubre.
La mujer falleció el pasado 11 de septiembre en el hospital, después de sufrir heridas graves que, según la nota de prensa, habrían sido causadas presuntamente por su expareja.
La decisión permitirá a la Administración autonómica intervenir en el proceso judicial, que continúa su curso para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades penales.
El procedimiento se sigue en los juzgados de Alcobendas
La causa está en manos de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Alcobendas, Plaza número 1. La intervención de la Comunidad de Madrid se llevará a cabo a través de su Abogacía General, encargada de ejercer las acciones judiciales en nombre de la Administración regional.
Esta personación forma parte de las medidas previstas en la normativa autonómica para intervenir en determinados procedimientos penales relacionados con la violencia contra las mujeres, especialmente aquellos que se siguen por muertes o lesiones graves.
Una medida aplicada en 82 causas desde 2016
La participación como acusación popular permite a la Comunidad de Madrid intervenir en procesos judiciales por delitos de especial gravedad contra las mujeres. La normativa también contempla medidas de protección para los hijos y las personas dependientes de las víctimas.
Según los datos difundidos por el Ejecutivo regional, esta vía se ha utilizado en 82 causas penales desde 2016.
En el caso de San Sebastián de los Reyes, la decisión supone que la Administración autonómica participará en el procedimiento judicial abierto tras la muerte de la mujer, mientras continúa la investigación de lo ocurrido.
