En Madrid se han eliminado 9.004 pisos turísticos desde agosto de 2024, una caída del 40% que duplica con creces la media nacional. Los datos del INE confirman que es la ciudad española donde más ha bajado este tipo de alojamiento.
El Instituto Nacional de Estadística ha publicado un censo que pone cifras concretas a un fenómeno que muchos vecinos de Madrid venían notando en sus barrios. En agosto de 2024 había 22.435 pisos turísticos registrados en la ciudad; en mayo de 2026 esa cifra ha bajado hasta 13.431. Son casi 9.000 viviendas menos dedicadas al alquiler turístico en apenas 21 meses.
Para entender la magnitud del dato conviene compararlo con el resto del país. En Madrid se ha reducido un 40% el parque de viviendas turísticas, mientras que en el conjunto de España la bajada ha sido solo del 15% en el mismo periodo, pasando de 403.267 a 341.001 pisos turísticos a nivel nacional. Ninguna otra ciudad española se acerca a ese porcentaje. En Barcelona, la segunda en volumen de este tipo de alojamiento, el descenso ha sido del 15%, de 18.690 a 15.905 viviendas.
Plan RESIDE
El punto de partida de este descenso se sitúa en abril de 2024, cuando se puso en marcha un primer plan de choque para frenar la proliferación de estas viviendas mientras se preparaba una normativa más completa. Esa normativa definitiva llegó en septiembre de 2025 con el nombre de Plan RESIDE, pensado para que las viviendas turísticas no compitan con el uso residencial en los edificios de vecinos.
Una de las medidas con más impacto práctico es que ya no se conceden licencias para pisos turísticos sueltos dentro de edificios residenciales del centro histórico. Fuera de esa zona, solo se autorizan si tienen acceso independiente desde la calle, en planta baja o primera planta, evitando así que convivan en la misma escalera con familias que viven allí todo el año. El plan incluye también ventajas urbanísticas para quienes transformen oficinas en viviendas, una vía para sumar pisos al mercado residencial.
Multas más duras para quien opere sin licencia
Antes de estas medidas, no existía un sistema sancionador específico para los pisos turísticos ilegales en la ciudad. Cuando se detectaba una vivienda funcionando sin autorización, el proceso se basaba en la ley general de procedimiento administrativo: primero se ordenaba el cese de la actividad y, si el propietario hacía caso omiso, llegaban multas de 1.000, 2.000 y 3.000 euros.
Desde la entrada en vigor del plan transitorio, las sanciones se han multiplicado. Ahora, si una vivienda funciona como alojamiento turístico sin licencia, se aplica la ley del suelo de la Comunidad de Madrid, que considera esto una infracción grave. El procedimiento empieza con un aviso de cese y restablecimiento de la legalidad; si el propietario no responde, la primera multa firme asciende a 30.001 euros. Si la vivienda sigue operando, la segunda sanción sube a 60.001 euros, y una tercera infracción puede llegar a 100.001 euros.
A esto se suma la publicación de un listado público con todas las viviendas turísticas que cuentan con licencia y su ubicación exacta, una herramienta que permite a cualquier vecino comprobar si el piso de al lado está operando de forma legal.
La colaboración con los administradores de fincas
Otra pata de la estrategia ha sido la coordinación con los profesionales que gestionan el día a día de las comunidades de vecinos. En junio de 2025 se firmó un acuerdo con el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid para que estos informaran directamente a las comunidades de propietarios sobre la normativa vigente.
A través de este convenio, los administradores se ponen en contacto con los propietarios de posibles viviendas turísticas irregulares para explicarles cuánto pueden llegar a pagar de multa y qué pasos deben seguir si quieren legalizar su situación, siempre que la normativa lo permita. El objetivo de este acuerdo es evitar que sigan existiendo pisos turísticos sin licencia mezclados con viviendas habituales en el mismo edificio.
