En una sesión extraordinaria, el Pleno del Ayuntamiento de Tres Cantos aprobó ayer la controvertida tasa de gestión de residuos, que supondrá un gasto medio de 140 euros anuales para los vecinos. Esta medida, que viene impuesta por la Ley estatal de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, ha generado un debate encendido sobre la autonomía municipal y el impacto económico para los tricantinos.
¿Qué implica la Ley de Residuos y Suelos Contaminados?
La Ley 7/2022, que entra en vigor en 2025, establece que todos los ayuntamientos españoles deben implantar una tasa obligatoria para la gestión de residuos. Con esta normativa, el gobierno busca promover una economía circular basada en el principio “quien contamina, paga”, con el objetivo de incentivar prácticas más sostenibles en la recogida y tratamiento de residuos. Sin embargo, esta ley no sólo se limita a imponer una tasa, sino que establece una serie de estándares y limitaciones para la gestión de residuos, afectando directamente las competencias municipales y limitando la capacidad de los ayuntamientos para decidir cómo cubrir estos costes.
“Una ordenanza impuesta” que limita la autonomía municipal
El concejal de Presidencia de Tres Cantos, Javier Juárez, fue enfático en su rechazo a esta medida, destacando que la ordenanza aprobada es una obligación que vulnera la autonomía municipal. Juárez subrayó que los servicios de recogida y tratamiento de residuos ya estaban cubiertos mediante los impuestos locales, y lamentó la falta de libertad para mantener la aplicación del 100% que hasta ahora eximía a los tricantinos de pagar por estos servicios. «Nos imponen una tasa que grava a los vecinos sin necesidad, ni para equilibrar las cuentas ni para fomentar la concienciación ambiental”, declaró, cuestionando la eficacia real de esta ley en promover cambios de comportamiento entre la ciudadanía.
Un impacto económico desigual para los vecinos.
El coste de esta nueva tasa, que supone un promedio de 140 euros anuales por hogar, se repartirá de acuerdo con un esquema mixto que combina el valor catastral de los inmuebles (40%) y el número de personas empadronadas en cada vivienda (60%). ). Para mitigar el impacto, se aplicarán bonificaciones del 20% a familias numerosas ya aquellos vecinos que participen en prácticas sostenibles, como el compostaje en el hogar o el uso del Punto Limpio. Sin embargo, muchos ciudadanos critican que estas bonificaciones son insuficientes para compensar el coste adicional, especialmente en tiempos de inflación y subida generalizada de precios.
La carga para comercios e industrias locales.
Además de los residentes, los comercios e industrias locales también se verán afectados por la nueva tasa. Aquellos negocios que generen mayores volúmenes de residuos o dispongan de locales amplios afrontarán un coeficiente mayor en el cálculo de su tasa, lo que podría incrementar sus gastos operativos en un momento económico ya complejo. Este aumento de costos podría trasladarse a los precios finales, afectando a los consumidores y poniendo en riesgo la competitividad de los pequeños negocios en la zona.
Modificaciones mínimas y rechazo generalizado
Durante la sesión, se presentaron varias enmiendas al texto inicial de la ordenanza, con propuestas de diferentes grupos municipales para suavizar la carga de la tasa o introducir bonificaciones adicionales. De las 12 enmiendas propuestas, sólo una fue aceptada: una correspondiente al 40% para familias numerosas de carácter especial. Esta propuesta, impulsada por el Partido Popular y apoyada por el PSOE, fue la única que logró el consenso, mientras que el resto de las modificaciones fueron rechazadas o no consiguieron los votos necesarios.
Una tasa que plantea más preguntas que respuestas
Ante la creciente oposición, el Ayuntamiento de Tres Cantos ha habilitado una sección en su página web donde los ciudadanos pueden consultar las implicaciones de esta nueva tasa, así como resolver dudas sobre su aplicación y posibles bonificaciones. Sin embargo, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Cómo afectará esta medida a los hogares más vulnerables? ¿Realmente incentiva la sostenibilidad o simplemente se trata de un impuesto encubierto? Las críticas apuntan a que, más allá del eslogan “quien contamina, paga”, la tasa de residuos parece ser una carga más para los ciudadanos sin garantías de beneficios tangibles en términos de reciclaje o economía circular.
NUNCA SE CANSAN DE ROBAR !!!!
Quién contamina paga!
muy bien, pero la cantidad a pagar es muy relativo ya que se basa en el valor catastral y empadronados.
Se supone que una vivienda mas cara contamina más? cómo se demuestra?
Y si veo correcto más cuota en vivienda con mas empadronados.
Pero han pensado que hay muchas viviendas que alquilan habitaciones y no están empadronados? hay estudiantes y trabajadores de otras ciudades que solo residen sin empadronarse, pero si contaminan.
Quién contamina paga!
Debería calcularse en función del consumo de agua, electricidad y gas.
Sobre todo el agua, demuestra el volumen de potencial contaminación se produce en la vivienda.
ahora bien, de los residuos que se depositan en los contenedores municipales, hay trasparencia de que rentabilidad económica percibe el Ayuntamiento? El cartón y papel por un lado y las latas aluminio también tienen buen precio y las entregamos gratis, pero las hemos pagado al comprarlas.