Más de 3.000 trabajadores se podrían quedar en la calle tras la privatización, o la llamada externalización de la gestión, de los seis hospitales públicos de la región: hospitales Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), el Infanta Cristina (Parla), el Hospital del Sureste (Arganda), el Hospital del Henares (Coslada) y el Hospital del Tajo (Aranjuez), Las empresas adjudicatarias deberán asumir todo el personal contratado actualmente pero esta subrogación no incluye el mantenimiento de las condiciones de trabajo ni el puesto del personal interino y eventual de estos centros.
Según han informado fuentes del Ejecutivo regional, Sanidad establece la obligación de contratar al personal eventual que quiera permanecer en estos hospitales (que supone el 60% de la plantilla según los datos de la Consejería) y la subrogación del personal laboral (7%), aunque no recoge condiciones concretas para esa incorporación, de esta manera los contratos que les puedan ser ofertados podrán tener condiciones muy distintas a las actuales y no se les garantizará un tiempo mínimo para estar en plantilla.
Para el personal fijo (el 30%) se establecen varias opciones como permanecer en el centro pero abonando su salario el SERMAS (que se descontaría del canon a la concesionaria), pedir una excedencia en condiciones especiales (al computarse antigüedad y trienios en caso de reincorporación a centros de gestión directa) para integrarse en la plantilla de la adjudicataria o reclamar el traslado a centros de gestión directa –Los costes laborales suponen ahora cerca del 40 por ciento del total de estos seis hospitales–.
Ahorro del 20%
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid pretende lograr con la externalización de los seis nuevos hospitales un ahorro del 20% sobre el coste de estos centros. En el apartado de ahorro de costes, el Gobierno regional estima una cápita media para el conjunto de los hospitales de 496 euros, aunque la oferta técnica tendrá el mismo peso que la económica (cada una un 50%) dado que se deberá presentar un completo plan asistencial (contará el 35%) y se valorará la inclusión de personal sanitario en el accionariado de la sociedad (el 15%).
Precio máximo entre 473 y 518 euros
El precio máximo que abonará la Consejería anualmente por cada habitante oscila entre 473 y los 518 euros en función de una serie de parámetros. Así, la cápita para el Hospital del Sureste será de 473 euros (frente a los 591 estimados ahora en su coste asistencial), la del Infanta Sofía en 486 euros (ahora se cifra en 607 euros), el del Tajo y el de Parla en 492 euros (frente a los 616 euros, el Infanta Leonor en 518 euros (frente a los 648 del coste actual) y el del Henares en 512 euros (ahora 641).
La cápita, que arroja una media de 496 euros en el conjunto de los centros, engloba todas las prestaciones de atención especializada del Sistema Nacional de Salud salvo las excepciones de trasplantes, transporte sanitario y la oxigenoterapia (que será asumida por la Comunidad). También se contempla la libre elección de centro así que, cuando un paciente sea tratado en otro centro la adjudicataria abonará el cien por cien del proceso mientras que, en caso contrario, obtendrá el 90 por ciento del coste, según los precios públicos establecidos.
La Consejería de Sanidad remarca que la obtención del 20% de eficiencia en la cápita se obtendrá principalmente de los sistemas de compra centralizados, la mejor organización de los equipos de trabajo y mayor incentivación del trabajo al introducirse criterios de productividad. Para la actualización de la cápita se sigue el mismo sistema de Torrejón y Móstoles (sobre el 85% de la subida del IPC general) y se estipula aspectos de incremento de su población de referencia.
Además, otra de las condiciones del contrato es el cobro de un canon a las concesionarias por el uso de los edificios de los hospitales y también de los centros de especialidades adscritos a estos centros (ocho en total).
Garantizar la calidad asistencial
Por otro lado, los pliegos establecen una condiciones «exhaustivas» para garantizar la calidad asistencial de los seis hospitales externalizados, estableciéndose una serie de indicadores (como índices de mortalidad, reingresos e infecciones hospitalarias, entre otros) y objetivos de calidad, que podrán ser revisados por la administración cada dos años. En caso de incumplimiento, se contemplan descuentos en las cantidades a percibir por la adjudicataria. Además, los casos más graves acarrearán la rescisión del contrato.
Otro de los requisitos que se recogen en los pliegos es que las adjudicatarias sigan contando con la misma cartera de servicios que tienen actualmente los centros y se obliga en el caso de las urgencias a mantener las mismas especialidades. También asumen la población de referencia actual. Además, las adjudicatarias no podrán atender a pacientes de centros privados gestionadas estas sociedades.
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El destino final que nos aguarda al convertir a los pacientes en meras cifras de un balance económico con las privatizaciones sanitarias: incompetencia y avaricia a partes iguales como ha ocurrido en Inglaterra. http://diario-de-un-ateo.blogspot.com.es/2013/02/incompetencia-y-avaricia-partes-iguales.html