Las obras ilegales en un enclave protegido de Algete, conocido por su alto valor ecológico, han llevado al SEPRONA a actuar. Este 19 de noviembre, el cuerpo especializado ha emitido actas sobre construcciones en la Dehesa Nueva, un territorio catalogado como Zona Especial de Conservación (ZEC) y de Protección de Aves (ZEPA).
¿Qué ha sucedido en la Dehesa Nueva?
La urbanización conocida como Dehesa Nueva, situada en el municipio de Algete (Madrid), se encuentra en el epicentro de una polémica urbanística. Esta zona, clasificada como Suelo No Urbanizable de Especial Protección, alberga importantes ecosistemas dentro del Plan de Gestión de la Red Natura 2000. Sin embargo, recientes inspecciones han revelado la construcción de una vivienda sin licencia y una presunta parcelación ilegal del terreno, hechos incompatibles con la normativa vigente, algo que no es nuevo en esta urbanización con una historia de bastantes años.
El SEPRONA, junto con técnicos municipales, realizó una inspección el pasado 18 de septiembre, identificando estas irregularidades. Hoy, el SEPRONA y las autoridades han procedido a levantar actas de infracción, activando medidas administrativas para frenar estas actividades ilegales.
La protección medioambiental en juego
El valor de la Dehesa Nueva no es casual. Este espacio está amparado por diversas normativas de protección, como el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Algete y el Decreto 172/2011 de la Comunidad de Madrid. Estas normativas garantizan la conservación de hábitats de importancia comunitaria, como las estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares, esenciales para especies en peligro.
El informe técnico detalla que el área se encuentra bajo una “Zona B” de protección, en la cual cualquier actividad de crecimiento urbanístico está expresamente prohibida. Además, se especifica que las parcelas subdivididas no cumplen con los requisitos mínimos establecidos por la legislación agraria.
Medidas y consecuencias legales
El Ayuntamiento de Algete ha ordenado la paralización inmediata de las obras, mediante un decreto de paralización (EXP URB/RLU/60/2024) instando al propietario a legalizar la situación en un plazo de dos meses. Sin embargo, los informes técnicos ya han advertido que las construcciones realizadas son incompatibles con los usos permitidos, lo que hace inviable su regularización. En caso de incumplimiento, se procederá a la demolición de las edificaciones y al restablecimiento de los límites originales del terreno.
Las consecuencias para el infractor incluyen multas coercitivas que pueden alcanzar el 5% del valor de las obras, además de acciones legales más severas en caso de desobediencia. El caso también ha sido remitido al departamento jurídico para valorar posibles sanciones adicionales.
Declaraciones por parte del gobierno municipal
Crónica Norte se ha puesto en contacto con la responsable de prensa y comunicación del Ayuntamiento de Algete para preguntar por el asunto y saber si harían alguna declaración o comunicado al respecto, La respuesta ha sido negativa.
Reflexión: ¿Un problema aislado o un patrón en crecimiento?
La intervención del SEPRONA en la Dehesa Nueva plantea una pregunta crucial: ¿cómo se están gestionando las áreas protegidas frente a la presión urbanística? Este caso no solo evidencia el impacto directo de las construcciones ilegales sobre la biodiversidad, sino también la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y sanción para evitar que estas situaciones se repitan.
La Comunidad de Madrid cuenta con un marco normativo sólido, pero los recursos destinados a su aplicación siguen siendo limitados. ¿Será suficiente esta acción para disuadir futuras infracciones, o estamos frente a un problema que requiere mayor atención a nivel regional?
