La Comunidad de Madrid ha dado un paso clave hacia la modernización de su sistema sanitario con la publicación del nuevo proyecto de Decreto. Esta normativa mejora la regulación de centros y servicios sanitarios, reduce la burocracia y refuerza el control sobre la publicidad y la telemedicina.
La Comunidad de Madrid ultima una reforma normativa para actualizar y mejorar la regulación de todos los centros y servicios sanitarios, tanto públicos como privados. El nuevo proyecto de Decreto ha recibido hoy el visto bueno del Consejo de Gobierno para su publicación en el Portal de Transparencia autonómico, lo que marca el inicio del proceso de consulta pública.
Este texto legal tiene como objetivo prioritario mejorar la atención sanitaria que reciben los ciudadanos, al tiempo que refuerza su seguridad jurídica y protección frente a prácticas inadecuadas. Además, pone el foco en facilitar la labor de los profesionales sanitarios y actualizar la normativa vigente, que data de 2003 y fue modificada en 2018 y 2023.
¿Qué cambia con el nuevo decreto?
El proyecto regula con mayor precisión cuestiones clave como el ejercicio de la telemedicina en disciplinas como la fisioterapia o la psicología. Esta práctica, cada vez más extendida, deberá regirse por criterios mínimos que garanticen su calidad y seguridad, algo que hasta ahora no estaba suficientemente contemplado en la normativa autonómica.
También se introduce un mayor control sobre la publicidad sanitaria, obligando a que se ajuste a criterios éticos y deontológicos. Esto supone, por ejemplo, la prohibición de mensajes engañosos o sin base científica, así como de prácticas comerciales inapropiadas como descuentos llamativos sin justificación médica.
Menos burocracia para abrir centros sanitarios
Uno de los puntos más destacados del nuevo decreto es la reducción de trámites y plazos administrativos. A partir de su aprobación definitiva, abrir un centro sanitario, ya sea público o privado, será más ágil: la documentación exigida disminuirá un 40% y los plazos para obtener la autorización serán más breves.
Además, se amplía la vigencia de los procedimientos de registro y autorización, que pasarán de tener una validez de 8 a 10 años, ofreciendo así mayor estabilidad a los operadores sanitarios y reduciendo la carga administrativa para las administraciones.
Más control en radiaciones y servicios complementarios
El texto también contempla un procedimiento específico para los programas de garantía de calidad en el uso de radiaciones ionizantes, como las generadas por equipos de rayos X. Este control busca minimizar los riesgos para pacientes y profesionales, y responde a las recomendaciones europeas sobre seguridad radiológica.
Asimismo, se establece qué tipo de servicios complementarios pueden ofrecer los establecimientos del sector, como clínicas dentales o de estética, aportando un marco legal más claro y adaptado a la realidad actual del mercado sanitario.
Adaptación a la legislación europea
Otro de los avances más relevantes es la adaptación del decreto a la normativa estatal y de la Unión Europea, lo que permitirá una mayor armonización legislativa y facilitará la colaboración entre comunidades autónomas y países miembros.
Además, se extiende el procedimiento de declaración responsable –que permite iniciar ciertas actividades sin autorización previa, bajo compromiso de cumplimiento legal– a universidades y empresas, con el fin de fomentar la innovación y el desarrollo en el ámbito sanitario, sin dejar de garantizar los estándares de calidad.
