San Sebastián de los Reyes estrena un plan de dos años para controlar de forma estricta las construcciones ilegales y vigilar que se respete el uso del suelo protegido. Las inspecciones vecinales y los inventarios de edificaciones marcarán la hoja de ruta hasta finales de 2027 para frenar los abusos en zonas no urbanizables.
Los límites del crecimiento residencial y el uso correcto del suelo en San Sebastián de los Reyes van a estar bajo una lupa minuciosa durante los próximos meses. Con la entrada en vigor de una nueva estrategia de inspección urbanística, que se desarrollará de forma continua entre 2026 y 2027, se activa un mecanismo de control exhaustivo para revisar el estado de las edificaciones en todo el término municipal. Este documento fija, por primera vez con este nivel de detalle, los criterios y objetivos que guiarán la labor de los técnicos encargados de vigilar la disciplina del suelo.
La iniciativa no se limitará a intervenciones puntuales, sino que responde a un programa estructurado a medio plazo. A lo largo de estos dos años, se analizará de forma constante el tejido urbano y rural para garantizar que las normativas vigentes se cumplan sin excepciones. El propósito final es frenar el desorden en el territorio y asegurar que cada parcela se destine exclusivamente a la actividad para la que fue clasificada legalmente.
Freno a las parcelaciones ilegales en suelo protegido
El núcleo principal de esta campaña de control se sitúa en las áreas periféricas y rurales del municipio. La protección del suelo no urbanizable, especialmente aquel que cuenta con un blindaje medioambiental o de especial protección, se convierte en la prioridad absoluta de los inspectores. El objetivo directo es localizar e interrumpir cualquier tipo de obra, edificación o instalación que se esté ejecutando sin los permisos pertinentes o que directamente contradiga la calificación del terreno.
Uno de los problemas históricos que se busca atajar de raíz es la proliferación de núcleos de población encubiertos en zonas rústicas. El plan persigue de forma específica evitar la consolidación de parcelaciones ilegales, es decir, aquellos terrenos que se dividen de manera fraudulenta para levantar viviendas allí donde la ley prohíbe taxativamente construir. Con estas medidas se intenta proteger el paisaje natural y prevenir los problemas de seguridad, salubridad y falta de servicios que suelen acarrear estos asentamientos clandestinos.
Un inventario detallado de las viviendas ya existentes
Lejos de centrarse únicamente en las obras nuevas, la estrategia incluye una importante labor de campo para revisar lo que ya está construido. Los técnicos se encargarán de elaborar un censo detallado de todas las edificaciones e infraestructuras situadas en suelo no urbanizable. Este registro minucioso servirá para conocer la realidad exacta del municipio y catalogar cada inmueble bajo el régimen jurídico que le corresponda por ley.
La información recogida en este inventario será una herramienta clave para la ordenación del territorio a largo plazo. Permitirá recabar datos precisos que se pondrán a disposición de los organismos competentes para que se tengan en cuenta en los futuros procesos de aprobación, revisión o adaptación de los planes de ordenación general. De este modo, se busca una transición ordenada y legal para determinar qué construcciones e instalaciones pueden regularizarse y cuáles quedan definitivamente fuera de la normativa.
Control estricto de las ampliaciones no autorizadas
Otro de los frentes abiertos durante este periodo bianual es la vigilancia sobre los inmuebles que se encuentran en la situación jurídica conocida como «fuera de ordenación». Se trata de edificaciones que, aunque fueron construidas en su momento, hoy no se ajustan a la legalidad urbanística actual del municipio. El nuevo plan establece que se vigilará de forma estricta que estas propiedades respeten las limitaciones legales que pesan sobre ellas.
En la práctica, esto significa que los propietarios de estos inmuebles no podrán realizar obras de ampliación ni reformas que aumenten el volumen de lo edificado. Asimismo, las inspecciones comprobarán de manera rigurosa que en estas instalaciones no se estén desarrollando actividades comerciales, industriales o de cualquier otra índole que carezcan de la debida autorización. Las inspecciones buscarán asegurar que estas construcciones se mantengan estrictamente dentro de los márgenes que permite su situación legal actual.
Evaluación de resultados mediante indicadores de cumplimiento
Para garantizar que esta campaña no se quede en una mera declaración de intenciones, la gestión de la disciplina urbanística estará sujeta a una rendición de cuentas continua. La normativa que regula este plan exige la redacción final de una memoria de evaluación una vez concluya el periodo de aplicación en 2027. Este documento servirá para medir con datos objetivos el impacto real de las inspecciones en las calles y campos del municipio.
La efectividad del control se medirá a través de una serie de indicadores cuantificables que analizarán el volumen de infracciones detectadas, el número de expedientes sancionadores abiertos y el porcentaje de terrenos que han sido devueltos a su estado original tras cometerse un abuso. Con esta metodología, se pretende comprobar de manera transparente si las medidas adoptadas han servido de manera real para disuadir a los infractores y para mantener la legalidad urbanística en todo el mapa de San Sebastián de los Reyes.
