La Comunidad anuncia una simplificación de los procedimientos disciplinarios y prevé aplicar la nueva normativa en el curso 2027/28. También abordará conductas fuera del centro y en las redes.
La Comunidad de Madrid prepara una nueva regulación para reforzar la autoridad del profesorado y agilizar la respuesta a los problemas de convivencia escolar.
El decreto permitirá, según el Gobierno regional, actuar de forma inmediata ante determinados comportamientos cuando los hechos y su autoría estén claros.
La previsión es que entre en vigor en el curso 2027/28, después de un periodo de adaptación y formación en colegios e institutos.
Una respuesta más rápida a los conflictos en las aulas
Los insultos a un profesor, las faltas de respeto, las peleas o las alteraciones de la convivencia son algunas de las situaciones que el Ejecutivo autonómico quiere abordar con el futuro Decreto de Convivencia Escolar y Autoridad del Profesor. El objetivo anunciado es que docentes y equipos directivos dispongan de mayor capacidad para intervenir sin que la tramitación retrase las medidas correctoras.
La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha presentado este 26 de octubre los detalles de la iniciativa en un encuentro con medios de comunicación. Según explica la Comunidad, los procedimientos actuales incorporan trámites burocráticos que dificultan o demoran la respuesta a las conductas incorrectas del alumnado.
La reforma pretende simplificar esos procedimientos. Sin embargo, la información difundida todavía no concreta qué trámites se suprimirán, cuáles serán los nuevos plazos ni cómo se desarrollará cada intervención. Esos detalles deberán quedar recogidos en el texto normativo.
Faltas leves, graves y muy graves
El futuro decreto definirá las conductas consideradas leves, graves y muy graves, además de las medidas correctoras que podrán aplicarse en cada caso. Esta clasificación será uno de los elementos centrales de la regulación anunciada.
En el apartado de faltas leves, los centros podrán incorporar otras conductas dentro de su autonomía. La Comunidad plantea así un marco que combine una regulación común con cierto margen para que colegios e institutos adapten sus normas a las necesidades de convivencia que detecten.
La nota de prensa no incluye todavía el catálogo de infracciones ni la relación de medidas asociadas a cada una. Tampoco precisa en qué categoría quedarán encuadradas las distintas conductas mencionadas. Por tanto, el anuncio permite conocer la orientación de la reforma, pero aún no sus consecuencias concretas para cada supuesto.
La convivencia también se abordará fuera del aula
El ámbito previsto para la nueva regulación irá más allá de las clases. La Comunidad señala que contemplará comportamientos durante las actividades extraescolares, los servicios complementarios y el transporte, además de conductas fuera de las instalaciones educativas y en las redes.
Esta ampliación del foco sitúa la convivencia escolar en los diferentes espacios donde se relaciona el alumnado. El anuncio incorpora expresamente los entornos digitales, aunque no desarrolla qué comportamientos se incluirán ni cómo se delimitará su relación con la actividad del centro.
El alcance concreto de estas actuaciones será, por ello, otro de los aspectos que habrá que conocer cuando se publique el texto. La información facilitada no permite concluir que cualquier comportamiento de un estudiante fuera del colegio o instituto vaya a quedar sometido automáticamente a su régimen disciplinario.
La presunción de veracidad, en el centro del anuncio
La Comunidad sostiene que maestros y profesores podrán ofrecer una respuesta directa e inmediata ante situaciones como insultos, faltas de respeto o peleas, haciendo efectiva la presunción de veracidad cuando los hechos y la autoría estén claros.
Este es uno de los puntos destacados por el Gobierno regional para explicar el refuerzo de la autoridad docente. La finalidad declarada es que el profesorado tenga una mayor capacidad real de actuación en los conflictos cotidianos.
El Ejecutivo vincula la iniciativa con la Ley 2/2010, de 15 de junio, sobre autoridad del profesor. Según la explicación institucional, el nuevo decreto buscará avanzar en sus objetivos mediante una actualización de los procedimientos, con la mejora de la convivencia y la garantía del derecho a la educación como fines anunciados.
Tramitación urgente, con aplicación prevista para 2027/28
Aunque el Gobierno regional anuncia una tramitación urgente, el calendario previsto sitúa la entrada en vigor en el próximo curso 2027/28. Se trata de un objetivo de la Administración autonómica, pendiente de la tramitación y aprobación de la norma.
El margen hasta su aplicación permitirá, según la Consejería, que los centros adapten sus normas internas. También está previsto que docentes y equipos directivos reciban orientación y formación para utilizar los nuevos procedimientos.
El anuncio, por tanto, no supone que las medidas descritas comiencen a aplicarse desde este momento. La reforma se encuentra en fase de preparación y todavía deberán conocerse sus disposiciones concretas.
Del anuncio a las herramientas que necesita el profesorado
La propuesta sitúa sobre la mesa un propósito definido: reducir el tiempo que transcurre entre un incidente y la respuesta del centro. Su alcance práctico dependerá de cómo se concreten las infracciones, las medidas correctoras y el procedimiento para adoptarlas.
Para las familias y los profesionales de la educación, las próximas claves serán conocer qué cambia, quién podrá intervenir y cómo se tramitará cada actuación. Es ahí donde podrá comprobarse hasta dónde llega el refuerzo de la autoridad docente anunciado por la Comunidad de Madrid.
