El Tribunal Supremo ha anulado en una sentencia los desarrollos urbanísticos en las zonas de Campamento y Arroyofresno de Madrid. El pasado 7 de agosto la alcaldesa, Ana Botella, visitó el PAU de Arroyo Fresno.
La resolución precisa que «el ámbito al que se refieren los autos recurridos» son los relativos a «Arroyo Fresno» y las «Instalaciones Militares de Campamento».
En un comunicado, Ecologistas en Acción, organización personada en este procedimiento, ha destacado la importancia que el tribunal otorga a la participación ciudadana y el Medio Ambiente.
La sentencia hace alusión expresa a dos ámbitos urbanísticos, Arroyofresno e Instalaciones Militares de Campamento, pero es aplicable, según Ecologistas en Acción, a «un total de 22 áreas, entre ellas Valdebebas, Valdecarros, Los Berrocales o Los Ahijones».
Historia
El PGOU aprobado en 1997 por el Ayuntamiento de Madrid declaró urbanizable un importante porcentaje de la superficie protegida del municipio. En 2003, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sentenció en contra de este plan, una decisión que fue ratificada por el Tribunal Supremo en 2007, cuando desestimó el recurso del Ayuntamiento y declaró injustificada la desclasificación de suelo protegido en 22 áreas.
Un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 2008 quiso subsanar la revocación de buena parte del PGOU de Madrid, mediante la incorporación de un «complemento a la memoria» que pretendía subsanar la nulidad declarada por la justicia.
El caso volvió al TSJM, que en este caso rechazó en 2011 un incidente de ejecución presentado por un demandante particular contra el acuerdo de la Comunidad. Y de nuevo se recurrió al Tribunal Supremo, cuyos jueces han corregido al TSJM confirmando la nulidad del plan urbanístico.
La reciente sentencia anula el citado acuerdo y declara la nulidad de todos los actos derivados (planes parciales y de sectorización). Además invalida expresamente el Plan Parcial de la primera fase de la Operación Campamento, tal y como se solicitaba en el recurso presentado.
Ecologistas en Acción ha valorado «muy positivamente» esta sentencia, que demuestra que las objeciones contra el PGOU no eran sólo una cuestión formal.
«La administración municipal y la autonómica han tratado de eludir el cumplimiento de la sentencia de 2007, tratando de legalizar lo que no era legalizable, aprobando planes parciales e incluso concediendo licencias de edificación, a sabiendas de la inseguridad jurídica que podía provocar en los ciudadanos que han adquirido viviendas en los sectores afectados», ha señalado.
