La administración pública deberá pagar en un plazo de 30 días a las empresas, conforme a la nueva Ley de Morosidad que entra en vigor hoy, 7 de julio. El periodo se extiende hasta los 60 días en el caso de los pagos de empresas a proveedores y, en ambos cados, habrá un periodo de adaptación que llegará hasta 2013.
De este modo, el Gobierno deberá articular, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), una línea de crédito directo dirigida a los ayuntamientos para que puedan hacer frente a las deudas con empresas y trabajadores autónomos.
Destacar, asimismo, que la Administración tiene deudas por un valor de 38.000 millones de euros, mientras que la adquirida por las empresas con sus proveedores se sitúa en 60.000 millones de euros.
Constructoras y editoriales
Las empresas constructoras tendrán un plazo diferente y podrán realizarlos a 120 días desde la entrada en vigor de la ley hasta el 31 de diciembre de 2011. En el año siguiente este plazo debe rebajarse a 90 días.
En sector del libro, variará en función de las circunstancias.
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