El Gobierno municipal de Algete ha emitido un comunicado oficial tras conocerse que un juzgado investiga a Fernando Romo, alcalde del municipio, a la ex-concejal de Recursos Humanos, Cristina Expósito, y a una técnica del área por un presunto delito de prevaricación administrativa. El Consistorio pide respeto a la Justicia y anuncia que dará explicaciones cuando exista una resolución, mientras PSOE y Vecinos por Algete reclaman transparencia inmediata.
Todo arrancó el pasado 13 de julio, cuando El Español publicó que la Plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz había abierto diligencias contra el alcalde de Algete, Fernando Romo (PP), por un presunto delito de prevaricación administrativa.
Según esa información, el caso se centra en la contratación en 2024 de un funcionario como ingeniero técnico industrial a través del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), una vía que no exige convocatoria pública ni la constitución de un tribunal. El propio interventor municipal habría advertido de la nulidad del proceso antes de que el nombramiento saliera adelante. El juzgado investiga también a la ex-concejal de Recursos Humanos, Cristina Expósito, y a una técnica del área por los mismos hechos.
La respuesta del Ayuntamiento: respeto a la Justicia
Tras varios días de informaciones publicadas en distintos medios, el Ayuntamiento de Algete ha optado por dirigirse a los vecinos con un comunicado institucional. En el texto, el Gobierno municipal asegura tener «máximo respeto por la actuación de la Justicia» y anuncia que no entrará «a valorar un procedimiento que se encuentra en tramitación». El Consistorio recuerda que, a lo largo del mandato, la oposición ha presentado «numerosas denuncias» que en su mayoría habrían sido archivadas, y sostienen estar «plenamente convencidos de la legalidad de la actuación municipal».
El comunicado, sin embargo, no aporta ningún detalle sobre el proceso de contratación cuestionado ni responde a las irregularidades señaladas por el interventor municipal, recogidas en la documentación judicial.
El equipo de Romo se limita a pedir «respeto para las cuestiones personales que en nada afectan a la gestión municipal» y a advertir de que convertir la investigación en «un juicio paralelo» no beneficia ni a los vecinos ni a la confianza institucional.
El Gobierno local finaliza el comunicado comprometiéndose a ofrecer explicaciones únicamente «cuando exista una resolución que ponga fin a este asunto», una postura que aplaza cualquier aclaración pública mientras dure el procedimiento judicial.
El PSOE de Algete exige aclaraciones inmediatas
Los socialistas de Algete no han esperado a que avance la causa para pedir cuentas al regidor popular. El PSOE afirma que, «desde el máximo respeto a la presunción de inocencia y a la labor de la Justicia», considera que «la gravedad de estos hechos exige una explicación pública inmediata». La formación insiste en que los vecinos «tienen derecho a conocer las circunstancias que afectan a quien ostenta la máxima responsabilidad institucional del municipio».
El partido añade que la transparencia «y la ejemplaridad deben ser irrenunciables en la vida pública» y reclama a Romo que ofrezca «todas las aclaraciones necesarias» para no erosionar la confianza ciudadana. A su juicio, cuando la Alcaldía está bajo investigación judicial, «las explicaciones no son una opción, sino una obligación política», y reivindica para el municipio «un gobierno transparente y unos responsables públicos que den la cara».
Vecinos por Algete pide colaboración total con el juzgado
También Vecinos por Algete (VxA) ha hecho pública su posición. El portavoz de la formación, Sergio Velasco Gigorro, ha declarado que «respetamos plenamente el trabajo de los tribunales y, por supuesto, la presunción de inocencia de todas las personas investigadas», aunque ha reconocido que «resulta muy preocupante que el Ayuntamiento de Algete vuelva a verse envuelto en un procedimiento judicial por una presunta actuación irregular en materia de contratación pública».
Velasco ha subrayado que, a su entender, «no estamos ante un debate político, sino ante una investigación judicial que deberá esclarecer si la actuación administrativa se ajustó o no al ordenamiento jurídico», y ha pedido que el Gobierno municipal colabore «con absoluta transparencia con la Justicia». La formación considera imprescindible que el Consistorio entregue toda la documentación requerida por el juzgado y refuerce los controles internos para evitar que se repitan situaciones similares. VxA recuerda además que el artículo 404 del Código Penal tipifica el delito de prevaricación administrativa cuando una autoridad o funcionario dicta, a sabiendas de su injusticia, una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
Un caso que ya tuvo un precedente en Algete
La sombra de la prevaricación no es nueva en el municipio: el anterior alcalde, Juan Jesús Valle (PSOE), fue investigado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación —el primero, coincidente con el que ahora se investiga a Romo—, aunque su causa terminó archivada por sobreseimiento libre. Ahora será de nuevo un juzgado quien determine si la actuación del actual equipo de gobierno, formado por PP, UCIN y USD, se ajustó a la legalidad.
