Un total de 142 ayuntamientos han solicitado a la Comunidad de Madrid financiar sus gastos corrientes a través Plan Regional de Inversiones y Servicios (PRISMA) 2008-2011. Este Plan, desarrollado por el Gobierno regional, cuenta con una inversión de 700 millones de euros e incluye la posibilidad de que los consistorios destinen un 25 por ciento su presupuesto a sufragar el gasto corriente.
La precariedad económica ha llevado a 142 ayuntamientos a destinar parte del Plan PRISMA 2008-211 a gastos corrientes, como el pago de la factura de la luz o de los servicios de limpieza. Mientras que, en la anterior legislatura fueron 103 las administraciones locales que optaron por esta fórmula, en la actual, el número se ha incrementado en 39 más y, ahora, la Ley permite destinar un 25 por ciento del presupuesto, frente al 20 por ciento que estaba establecido.
Solicitudes municipales
Todos los municipios de la región han presentado a la Comunidad 1.403 solicitudes para realizar diversas actuaciones de mejora de las instalaciones y servicios de los que se benefician los madrileños, a través del Plan Regional de Inversiones y Servicios (PRISMA) 2008-2011. De ellas, 1.240 ya han sido dadas de alta con un importe de 440 millones de euros, incluyendo tanto actuaciones inversoras como gasto corriente, actuaciones supramunicipales y suministros.
El viceconsejero de Presidencia e Interior, Alejandro Halffter, que visitó la localidad de Colmenar Viejo para presentar estos datos, destacó que se han presentado 834 solicitudes para actuaciones inversoras, destinadas a la construcción y mejora de equipamientos urbanos, infraestructuras y zonas verdes, de las que ya han sido incluidas 609 actuaciones, con un importe de 334.287.743 euros. Entre ellas se encuentran también 77 actuaciones dadas de alta que corresponden al apartado de suministros, con un importe de 4,6 millones de euros.
El resto de solicitudes se encuentran pendientes de subsanación de documentación por parte de los ayuntamientos, con informe desfavorable y pendiente de ser completadas por los Consistorios, pendientes de la emisión del informe técnico o han sido dadas de baja por petición municipal.
