En una primera fase se simplificarán las instrucciones y la información de los servicios públicos que se usan más habitualmente y que están activos todo el año
La Comunidad de Madrid ha empezado a trabajar en la adaptación de cerca de 1.000 trámites de su sede electrónica a un lenguaje más claro y accesible para todos los públicos, de manera que la información sobre los procedimientos que deben realizar los ciudadanos para poder beneficiarse de los servicios públicos de la región sean más ágiles y cómodos.
La Consejería de Digitalización simplificará las instrucciones y adaptará la información que la web institucional ofrece sobre cada una de las gestiones en diferentes fases. De esta manera, empezará con aquellas funciones más habituales y que están activas durante todo el año, como pueden ser el reconocimiento y revisión del grado de discapacidad, la equivalencia de títulos de ESO y Bachillerato o la acreditación de arraigo para la obtención de la residencia temporal, entre otras.
El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha destacado “la labor de integración que se consigue mediante la tecnología, que permite contar con unos servicios públicos más ágiles, personalizados, eficientes y de mayor calidad”. “Con estas iniciativas, el objetivo es que los madrileños vean resueltas sus necesidades de la forma más clara y simple posible y que no sientan respeto a la hora de hacer cualquier consulta”, ha explicado.
El Ejecutivo regional está trabajando para ofrecer a los madrileños las herramientas necesarias para adaptarse a las nuevas tecnologías y lograr una Administración 100% electrónica y accesible durante esta legislatura. Según López-Valverde, “esto permitirá que se puedan ofrecer los servicios públicos de forma personalizada, con unas prestaciones totalmente interconectadas”.
La Comunidad de Madrid recibió en 2023 un total de 3,2 millones de trámites por vía telemática, lo que supone que el 52% del total de gestiones se iniciaron a través de la sede electrónica. El consejero ha subrayado que estas cifras han aumentado un 60% respecto a 2020, lo que “pone de manifiesto que avanzamos hacia una relación más digitalizada con la Administración y que debemos seguir profundizando tanto en la capacitación y en la educación como en la modernización de los servicios públicos”.
