En el pleno ordinario del Ayuntamiento de Algete que se celebrará el próximo jueves 30 se dará cuenta de un informe completo elaborado por el Departamento de Salud y Seguridad relativo al servicio de atención de urgencias y su incidencia y repercusión el municipio durante los últimos 20 años. El informe ya está a disposición de todos los grupos municipales.
Los datos, especialmente de intervenciones, confirman la importancia de un servicio municipal y un recurso como la ambulancia que lleva operando en Algete desde hace más de dos décadas.
Durante la presente legislatura, la Junta de Gobierno acordó por unanimidad de todos los partidos políticos que la componían la continuidad de un servicio a pesar de un informe del secretario municipal del momento, que venía a concluir que «dicho servicio era impropio y que, por lo tanto, no se debería prestar» según aseguran desde el gobierno municipal Algo que durante los últimos dieciocho años no había sucedido
Los pasos dados por el actual Equipo de Gobierno en la línea de garantizar la continuidad de un servicio que considera vital han dado como fruto un certificado del SUMMA-112 que viene a acreditar la complementariedad de este servicio. Un certificado que será el paso previo a un convenio de colaboración que probablemente se firmará en octubre y que supondrá el definitivo marco regulador del servicio.
A pesar de los pasos dados, el Alcalde ha sido denunciado por el Partido Popular de Algete ante la fiscalía por presunta prevaricación y malversación, tras lo que tendrá que declarar a finales de octubre.
El Concejal del Partido Popular en Algete y anterior alcalde, César de la Puebla, se ha puesto en contacto con esta redacción para corregir parte de la información que hemos publicado y añadir que:
«El Partido Popular no ha denunciado por prevaricación y malversación ante la fiscalía el servicio de urgencias»
El Partido Popular puso en conocimiento de la fiscalía tres hechos con informes contrarios a la legalidad de la secretaria municipal y de la intervención, nombramiento vulnerando la constitución y la ley de un trabajador ocupando el cargo de profesor sin la realización de los procedimientos legalmente previstos. continuidad de un trabajador como auxiliar de informática, ocupando una plaza inexistente, toda vez que se había reincorporado su titular, no posibilidad de prórroga del contrato del servicio de atención de urgencias, sin realizar otra licitación al haber finalizado el contrato y la necesidad de solicitar los informes que obliga la ley de bases de régimen local,a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Hacienda.
Una vez realizadas las diligencias previas por la fiscalía, ha sido la fiscalía de Alcalá de Henares la que ha denunciado los hechos, por posible prevaricación ante el juzgado de Torrejón de Ardoz. La declaración del alcalde en sede judicial como investigado por prevaricación y no en fiscalía (no se declara ante la fiscalía se declara ante el juez. Así lo asegura César de la Puebla
Juan Jesús Valle, ha señalado que “este Equipo de Gobierno tiene la obligación de velar por el interés común. En ningún caso estábamos dispuestos a suprimir un servicio que lleva funcionando 20 años y que consideramos vital para la salud de las personas. Además, hechas las consultas jurídicas, entendemos que el certificado del SUMMA-112 y el posterior convenio que se firmará en octubre proporciona un marco regulador definitivo”.
