Miguel Ángel Santamaría ha dimitido dos días después de que se conociera que será juzgado por presunto delito de prevaricación. El ex alcalde de Colmenar no ha querido explicar a los medios su renuncia.
Dos días después de que se conociera que Miguel Ángel Santamaría, alcalde de Colmenar Viejo, será juzgado por presunto delito de prevaricación, llega su dimisión. La imputación también ha salpicado a su antecesor y otros diez concejales y exediles del Partido Popular. El motivo de su renuncia: «asuntos personales».
El ya ex alcade de Colmenar ha rechazado explicar a los medios de comunicación su dimisión. Sin embargo, se celebrará un Pleno extraodinario el próximo 15 de noviembre -a las 10h.- para hacer efectiva su renuncia ante la corporación municipal, según ha explicado en un comunicado.
A pesar de que Santamaría no ha reflejado que su imputación sea el motivo de la renuncia, este miércoles tuvo que comparecer ante el Juzgado de Colmenar Viejo para que se le notificara personalmente la resolución de la apertura del juicio y la fianza que se le ha impuesto -17.600€-. Por lo que, según un auto firmado el 27 de octubre por el magistrado Moisés Guillamón, el Juzgado de Colmenar ha abierto juicio oral contra Santamaría, contra el exalcalde José María de Federico y contra diez ediles y exediles del PP.
16 concesiones de licencias
El proceso judicial investiga 16 concesiones de licencias que se adjudicaron a pesar de que existían informes «desfavorables» por incumplir la normativa. Según el escrito de la Fiscalía, las obras no se ajustaban al proyecto por el que se concedió la licencia y «en ningún caso» se tomaron las medidas necesarias para su subsanación.
El escrito señala que, «sólo en algunos casos puntuales», los acusados trasladaron el expediente sancionador al departamento de Disciplina Urbanística para su incoación, mientras que en otras ocasiones se acordó su traslado «pero sin ningún propósito de llevar a cabo dicha decisión, puramente aparente».
Algunos de las condiciones desfavorables que aparecen en el escrito estarían relacionadas con la autorización de construcciones que sobrepasaban la altura permitida o incumplían las condiciones de salubridad de calidad del aire, el retranqueo de los edificios establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana, la altura de las edificaciones o sus condiciones estéticas y compositivas.
Por ello, la Fiscalía de Madrid solicita 3,6 años de prisión y 10 de inhabilitación para Santamaría y para De Federico. Además, pide 10 años de inhabilitación de empleo o cargo público, una multa de 22 meses con una cuota diaria de 20 euros, y la responsabilidad personal subsidiaria máxima de 11 meses.
