El descarte masivo de frutas y hortalizas antes de que lleguen a los supermercados está teniendo un impacto ambiental brutal en España, especialmente en un país vulnerable a la sequía. Una investigación reciente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha cuantificado este desperdicio, revelando que entre 2018 y 2024 se desecharon más de 480.000 toneladas de productos. La magnitud de la pérdida es alarmante: el agua necesaria para cultivar estos alimentos perdidos asciende a casi 36.000 millones de litros, una cantidad suficiente para llenar 14.400 piscinas olímpicas.
Este informe, liderado por la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC) y publicado en la revista Water, pone el foco en las ineficiencias ocultas de un modelo agrícola intensivo. La pérdida de alimentos no solo representa un problema económico, sino un grave despilfarro de recursos hídricos y la emisión innecesaria de casi 37.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.
El alto precio de un modelo de éxito agrícola
España es reconocida en Europa por su potente vocación agrícola, sustentada en un aprovechamiento intensivo del agua. Gracias a infraestructuras como embalses, trasvases y plantas desaladoras, el país mantiene una producción que abastece tanto al mercado interno como a un vasto sector exportador de frutas y hortalizas. Sin embargo, este éxito tiene una cara oculta.
El investigador de la EEZA-CSIC Jaime Martínez Valderrama, quien lideró el estudio junto a colaboradores de la Universidad de Alicante y Arabia Saudí, alerta sobre esta realidad: “Sin embargo, este modelo de éxito productivo oculta profundas ineficiencias”. España ya se encuentra entre los países con mayor estrés hídrico del mundo, con más del 60% de su territorio clasificado como zona árida. En este contexto, cada fruta o hortaliza que se descarta en el camino hacia la venta representa no solo alimento, sino también agua, energía y emisiones totalmente desperdiciadas.
Un problema estructural: la rentabilidad inmediata frente al coste social
El equipo científico sostiene que las cifras de desperdicio van más allá de un simple problema de excedentes; revelan un problema estructural en el actual sistema agroalimentario. Este modelo prioriza la rentabilidad inmediata y la competencia feroz en precios, tendiendo a ignorar los costes sociales y ambientales reales que implica la producción de alimentos.
Las consecuencias de esta mentalidad son variadas y graves: se evidencia en la sobreexplotación de los recursos hídricos, la degradación progresiva de los suelos, la precariedad laboral en el campo y, finalmente, la pérdida de valor de la producción agrícola en su origen.
Martínez Valderrama recalca la dirección que deben tomar las futuras políticas: “La gestión del agua, la reducción del desperdicio alimentario y la valorización justa del trabajo agrícola deben situarse en el centro de las políticas agrarias para garantizar el futuro de un sector esencial en un país cada vez más expuesto a la escasez de agua.”
