La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza número 13, ha desestimado íntegramente el recurso de la Asociación Cultural 14 de Abril contra la declaración de utilidad pública e interés social de la planta de biogás y biometano de Colmenar Viejo. La sentencia, fechada el 13 de noviembre de 2026, a la que ha tenido acceso Crónica Norte, declara conformes a derecho tanto el acuerdo que aprobó esa declaración como el que rechazó el recurso de reposición. El Ayuntamiento era la parte demandada y Prezero Gestión de Residuos compareció como codemandada.
El fallo supone un revés para quienes han intentado dejar sin efecto el acuerdo desde los tribunales y desde el Pleno. La asociación cuestionó el orden de los trámites, la situación arqueológica de los terrenos, el encaje de la producción de biometano en la valorización de residuos y la justificación del emplazamiento. El magistrado rechazó los cuatro motivos. La sentencia se ciñe a la declaración de utilidad pública. La calificación urbanística, la licencia de obras y las resoluciones ambientales quedan fuera de lo decidido en este procedimiento.
Del acuerdo del Pleno a la sentencia
El Pleno reconoció el 25 de abril de 2024 la utilidad pública e interés social del proyecto promovido por Prezero en las parcelas 69 y 70 del polígono 41. El acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 28 de junio de aquel año. La Asociación Cultural 14 de Abril pidió al Ayuntamiento que lo reconsiderara mediante un recurso de reposición, que el Pleno desestimó el 29 de mayo de 2025. El 26 de junio de 2025, la entidad acudió a la vía contencioso-administrativa. La vista se celebró el 19 de octubre de 2026.
Prezero cuestionó que la asociación estuviera legitimada para recurrir y planteó objeciones formales a la demanda. El juez rechazó ambas. Consideró que la entidad, inscrita en el registro municipal, podía intervenir en defensa de intereses colectivos locales y ejercer la acción pública urbanística. También entendió que su escrito reunía los requisitos procesales. El tribunal examinó así los argumentos de fondo y concluyó que ninguno justificaba anular los acuerdos.

¿Por qué la utilidad pública iba antes que la calificación urbanística?
La asociación sostenía que el Pleno había actuado antes de tiempo. A su juicio, la declaración debía ir precedida de la calificación urbanística y de la autorización ambiental integrada. Para resolver la cuestión, el juez determinó primero qué plan urbanístico regía en las parcelas. La revisión de 2002 había quedado aplazada en ese ámbito, por lo que seguía aplicándose el Plan General de Ordenación Urbana de 1987.
Ese plan clasifica los terrenos como suelo no urbanizable común de orientación ganadera, identificado como N1. La legislación madrileña aplica a esta categoría el régimen del suelo urbanizable no sectorizado. Para implantar allí un uso distinto del ganadero, el plan exige declarar antes su utilidad pública. Por eso, el juez considera que el Ayuntamiento siguió el orden exigido para este expediente. El acuerdo municipal permitía tramitar después la calificación urbanística, y la falta de una autorización ambiental integrada en aquel momento tampoco invalidaba esa declaración previa.
Qué dice el juez sobre la protección arqueológica
El segundo motivo giraba en torno a la inclusión de los terrenos en un área de protección arqueológica. La asociación entendía que esa afección hacía incompatible la planta con la clasificación del suelo. El tribunal distingue dos cuestiones. La delimitación arqueológica en los mapas activa los controles de patrimonio histórico, mientras que la clasificación urbanística de las parcelas sigue siendo la de suelo común de orientación ganadera.
La sentencia recoge dos antecedentes del expediente. Una prospección arqueológica realizada en 2005 dio resultado negativo y contó con una resolución favorable de octubre de ese año. En septiembre de 2024, la Dirección General de Patrimonio Cultural eximió expresamente de realizar un nuevo estudio. Con esos antecedentes, el juez considera que se cumplieron las exigencias de patrimonio aplicables al expediente que examinó.
Producir biometano forma parte de la valorización de residuos
El tercer argumento de la asociación cuestionaba que depurar el biogás y conducir el biometano a la red gasista pudiera considerarse valorización de residuos. El magistrado se apoya en la normativa española y europea. La legislación incluye entre las operaciones de valorización la digestión anaerobia de biorresiduos recogidos separadamente. En este proyecto, depurar el biogás para obtener biometano apto para su inyección en la red es, según el juez, una fase del mismo proceso de aprovechamiento energético, porque el gas obtenido puede sustituir al de origen fósil.
La documentación técnica municipal describe una instalación con capacidad máxima para tratar 75.000 toneladas anuales de biorresiduos. Una parte del biogás se destinaría al autoconsumo de la planta y el resto se depuraría para obtener biometano. El pronunciamiento sobre la valorización explica por qué este argumento tampoco bastó para tumbar la utilidad pública. La calificación técnica y urbanística de la instalación corresponde a su propio expediente.
Los informes municipales y la regla de los 2.000 metros
El cuarto motivo cuestionaba la motivación del Pleno. La asociación alegaba que el Ayuntamiento debía haber acreditado la falta de suelo industrial disponible y ponderado la cercanía al núcleo urbano. El juez considera que los informes técnicos y jurídicos municipales del 17 y el 18 de abril de 2024 justificaron suficientemente el interés público del proyecto. Entre las razones recogidas en ellos figuran la gestión local de biorresiduos, la reducción de emisiones difusas de metano y olores y la producción de energía renovable.
La sentencia explica que el planeamiento aplicable no exigía demostrar, para declarar la utilidad pública, que la planta no podía instalarse en un polígono industrial. Añade que las alternativas de ubicación se examinaron en el procedimiento ambiental autonómico. Sobre el límite de 2.000 metros invocado por la asociación, el magistrado señala que procede de un reglamento de 1961 cuyo precepto carece de vigencia en la Comunidad de Madrid al contar la región con normativa propia de evaluación ambiental.
El papel de Ganemos y Más Madrid en el Pleno
La declaración también fue objeto de un pulso político. En junio de 2025, Ganemos Colmenar y Más Madrid presentaron una moción conjunta para intentar dejarla sin efecto. Según Ganemos, el Pleno aprobó estudiar el procedimiento para hacerlo. La sentencia mantiene el acuerdo que ambos grupos querían revertir. En los tribunales, la parte recurrente que figura en el procedimiento es la Asociación Cultural 14 de Abril, que también ha participado junto con Stop Biogás Colmenar-Tres Cantos y la Asociación Vecinal de Tres Cantos en acciones contra otros trámites del proyecto.
Cuánto pueden sumar las costas y qué queda fuera del fallo
El juez aplica la regla general de la jurisdicción contencioso-administrativa cuando se rechazan todas las pretensiones de una parte y el asunto no plantea, a su juicio, serias dudas de hecho o de derecho. La Asociación Cultural 14 de Abril, como única parte demandante, es la condenada al pago de las costas. El juez limita a 1.500 euros, más IVA si procede, las costas que el Ayuntamiento puede reclamar a la asociación, y fija el mismo límite para Prezero. El máximo conjunto es de 3.000 euros, más el IVA que corresponda. La cuantía efectiva se determinará en la tasación de costas. El fallo prevé un plazo de 15 días contados desde el día siguiente a la notificación para presentar apelación.
En paralelo, la Comunidad de Madrid otorgó la autorización ambiental integrada el 24 de julio de 2024 y en 2026 hizo público el cambio de titularidad a favor de Smart Farm Biogás Madrid. En julio de 2026 se concedió la licencia municipal de obras. Los colectivos opositores anunciaron en septiembre recursos de alzada contra una modificación posterior de la autorización ambiental. La discrepancia en ese expediente es si los cambios eran sustanciales, como sostienen las entidades, o no sustanciales, como resolvió la Administración regional. El anuncio de esa resolución se publicó en el boletín autonómico el 25 de agosto. La sentencia de noviembre resuelve la impugnación del acuerdo de utilidad pública, que era el objeto del pleito.









