La Comunidad de Madrid destinará en 2025 un total de 57,05 millones de euros a la asistencia jurídica gratuita, un aumento del 13,2% respecto al año anterior, asegurando el cumplimiento de un derecho fundamental recogido en la Constitución Española
El presupuesto aprobado se destinará a los colegios de abogados y procuradores de la Comunidad de Madrid. En concreto, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (ICAAH) recibirán 49,1 millones de euros, mientras que el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) recibirá 7,95 millones de euros. Este esfuerzo refleja el trabajo conjunto entre el Gobierno regional y los colegios profesionales para facilitar el acceso a la justicia, especialmente para quienes no cuentan con recursos suficientes para afrontar los costes legales.
Un derecho fundamental para todos los ciudadanos
Con esta inversión, la Comunidad de Madrid asegura el cumplimiento de la Constitución Española, que garantiza el derecho a la asistencia jurídica gratuita a quienes no puedan cubrir los gastos legales. Este servicio benefició a más de 70.000 personas en 2024, destacando el papel crucial que desempeña en la región para garantizar una justicia accesible para todos. La asignación de fondos se realiza a través de los respectivos consejos de los colegios de abogados y procuradores, que canalizan los pagos a los profesionales que prestan el servicio.
Inversión por habitante, mayor que la del Gobierno central
El esfuerzo económico de la Comunidad de Madrid en esta materia es destacable, ya que la inversión por habitante será un 43% superior a la que destina el Gobierno central. Mientras que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha previsto una asignación de 53,3 millones de euros para las comunidades donde tiene competencias en justicia, la Comunidad de Madrid dedicará 9,65 millones de euros más, a pesar de tener una población de 1,5 millones menos.
Esta diferencia subraya el compromiso del Gobierno regional con la calidad del servicio y el acceso a la justicia. En términos per cápita, la Comunidad de Madrid invertirá 8,98 euros por habitante, frente a los 6,25 euros que destina el Gobierno central en sus áreas de actuación.
Simplificación de los trámites para los ciudadanos
Además de incrementar la inversión, el Ejecutivo regional está trabajando en la tramitación de un nuevo Decreto que regulará la asistencia jurídica gratuita en la región. Esta normativa tiene como objetivo simplificar los trámites administrativos, haciéndolos más accesibles y menos burocráticos para los ciudadanos. Asimismo, se detallarán de manera más precisa las funciones de los colegios profesionales de abogados y procuradores, con el fin de asegurar una gestión eficiente y de calidad del servicio.
