El 63% de los ciudadanos está en contra de que se limite la atención sanitaria a los inmigrantes que están en situación irregular o ‘sin papeles’ en España, después de que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad decidiera retirarles la tarjeta sanitaria a partir del pasado 1 de septiembre.
Así se desprende de los resultados de una encuesta realizada por el Consejo General de Enfermería el pasado 14 de septiembre a más de 1.000 ciudadanos (el 95% de nacionalidad española) para conocer el sentir de la población ante las medidas impulsadas por la ministra del ramo Ana Mato antes del verano.
En este sentido, el 91%ha asegurado estar al tanto de las medidas impulsadas y a un 63% les parecían «aceptables teniendo en cuenta la situación económica y la necesidad de reducir déficit en España».
Además, hasta un 79,9% considera que la población inmigrante –irregular o no– han «abusado» de la sanidad española por ser totalmente gratuita.
En cambio, cuando se pregunta por la asistencia sanitaria que España debe ofrecer a los inmigrantes irregulares «el sentir ciudadano es que no debe limitarse su atención», según ha reconocido José María Sansegundo, director del estudio.
En concreto, un 28% de la población opina que la sanidad ha de seguir siendo «gratuita y universal sin ningún tipo de limitación» y hasta un 71,6% considera que sí ha de haber cierta limitación en las prestaciones o en el pago.
No obstante, en este grupo mayoritario hay un 47,7% que rechaza que la atención de los inmigrantes irregulares se limite a Urgencias o a temas graves, lo que representaría a en torno a un 35% del total de encuestados.
De hecho, los ciudadanos a favor de limitar la sanidad a los ‘sin papeles’ son más partidarios de intentar cobrar a los países de origen (85,6%) o exigir un seguro (75,6%).
El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, considera necesaria la realización de esta encuesta ya que ha permitido conocer «la opinión de los ciudadanos sobre un tema sobre el que no le había preguntado nadie». En este sentido, ha destacado que «el sentir de los ciudadanos es que se atienda a estas personas pero que se intente que no sea a cargo del bolsillo de los ciudadanos».
