Los funcionarios de justicia madrileños tendrán que fichar

A partir del próximo 1 de junio los funcionarios de justicia de la Comunidad de Madrid tendrán que fichar, según ha informado la consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Regina Plañiol.

Esta medida se ha tomado tras la elaboración del informe sobre el Estado de la Justicia en la región, que ha sido respaldado por todos los responsables de la Magistratura madrileña, que además han colaborado en el desarrollo de este estudio y las 80 medidas de mejora que se proponen en el mismo.

La primera unidad donde se llevará a cabo será la Audiencia Provincial, con el fin de obtener los primeros resultados después del verano. De esta forma, los 6.762 empleados públicos de esta unidad estarán ‘sometidos’ al control horario a través del sistema informático FIVA (Fichaje y Vacaciones).

Pero ésta no es la única medida aprobada. También se propone la movilidad de destino de los empleados públicos, sistemas más ágiles para la gestión, detección y satisfacción de necesidades de plantilla, la reducción al máximo del número de interinos, que suponen un 22% del total de la plantilla, y formación especializada para los profesionales de nuevo ingreso o aquellos que cambien de jurisdicción.

Precisamente, Plañiol explicó que el objetivo de este análisis ha sido abordar una eficiencia y eficacia en la gestión, sin que afecte al presupuesto e incluso algunas de las propuestas reflejadas que son competencia exclusiva del Ejecutivo autonómico se van a adoptar de forma inmediata.

Entre ellas, la responsable regional destacó el estudio sobre las cargas de trabajo en los diferentes organismos judiciales, que permitirá la reorganización posterior de los efectivos conociendo las necesidades reales de cada ámbito judicial y las necesidades de refuerzo.

En 2015, Administración Judicial Electrónica

Pero además de las medidas sobre el personal, la reorganización del trabajo se basa también en la potenciación de la Administración Judicial Electrónica, que será una realidad en 2015 gracias a un estricto calendario de implantación. Así, se pretende generalizar la firma electrónica, se extenderá el sistema procesal Lexnet, se llevará a cabo una comunicación directa de los órganos judiciales con los centros penitenciarios y se incorporaran garantías a la grabación de las vistas, para extender estemétodo.

Asimismo, antes del verano se pondrá en marcha la Junta de Expurgo, cuyo objetivo es determinar la exclusión o eliminación de los expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la administración competente en materia de patrimonio histórico, así como un sistema ágil para la devolución de documentos.

Coste judicial de 1.300 euros por un hurto de 30

Para conseguir este fin, el estudio respalda la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la resolución alternativa de conflictos como la mediación o el arbitraje o la despenalización de faltas. Igualmente, se apoya las tasas judiciales siempre que no se produzca una merma de la tutela judicial efectiva y se emitirá a modo informativo la factura judicial.

El Gobierno regional cree profundamente en la justicia gratuita, pero según recoge el informe se debe controlar que el beneficiario de este derecho es realmente quien lo necesita. Por ello, se pretende utilizar instrumentos telemáticos que permitan un mejor control de las solicitudes, desde dos ámbitos, la verificación de la insuficiencia de recursos para litigar y que los abogados y procuradores realizan una gestión adecuada sin pretensiones insostenibles.

Reagrupación de sedes judiciales

Mientras el proyecto recuperado de la Ciudad de la Justicia se convierta en una realidad, el Gobierno regional continuará con la reagrupación de sedes judiciales (actualmente existen 82) con la que busca, por una parte, ofrecer un mejor servicio a los madrileños y a trabajadores de los mismos, con el objetivo de que hagan menos desplazamientos para sus gestiones y de ahorrar en los costes de funcionamiento de los juzgados en lo que a alquileres se refiere.

En el caso concreto del Partido Judicial de Madrid, ya se ha iniciado la reagrupación de sedes en los ejes de Plaza de Castilla y Princesa-Gran Vía.

En este sentido se propone, además, la limitación del tiempo de apertura de los edificios judiciales más allá del horario de servicio al público para ahorrar. A nivel general se apoya la propuesta del CGPJ de reducir el número de partidos judiciales, actualmente hay 21 en la región, que pasarían a ser más amplios y se complementaría con Juzgados de Base.

También se pretende colaborar con el Ministerio de Justicia en el rediseño de la nueva oficina judicial, ofreciendo a Madrid como banco de pruebas, y evitando duplicidades con las oficinas civitas y la red regional de oficinas judiciales locales y de distrito, que se irán eliminando y reasignado a sus efectivos a nuevas unidades de apoyo al Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial y la Fiscalía Superior.