La Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno de España que asuma sus competencias y facilite la reagrupación familiar de los menores inmigrantes no acompañados con graves dificultades de adaptación. La medida busca garantizar su protección y evitar que se conviertan en víctimas de redes delictivas o consumo de drogas.
Un llamamiento a la responsabilidad estatal
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, anunció esta iniciativa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Según la normativa de extranjería, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha empezado a remitir expedientes de menores con dificultades de integración a la Delegación del Gobierno en Madrid. Estos casos podrían derivar en una reagrupación siempre que se considere la mejor opción para el menor.
Hasta la fecha, la Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia ha enviado cuatro expedientes de menores en esta situación, que continúan bajo tutela de la Comunidad de Madrid. El estudio de estos casos sigue en curso, valorando la imposibilidad real de integración de cada menor.
La situación en el Centro de La Cantueña
El Gobierno regional también ha iniciado el análisis de los expedientes de los menores implicados en los recientes incidentes en el Centro de La Cantueña. De confirmarse su dificultad de adaptación, podrían ser incluidos en la solicitud de reagrupación familiar.
Desde la Comunidad de Madrid argumentan que el bienestar del menor debe ser la prioridad. “No podemos permitir que sean carne de cañón de las mafias de tráfico de personas o el consumo de drogas”, subrayaron fuentes del Ejecutivo regional. También insistieron en que es fundamental garantizar la seguridad de los menores que sí desean integrarse y están comprometidos con su proceso educativo.
Un proceso con garantías
Cada expediente es evaluado individualmente por profesionales especializados en protección infantil. Según la normativa vigente, los casos se trasladan a la Delegación del Gobierno cuando se constata que la adaptación del menor es inviable en España.
El marco legal que respalda esta medida está recogido en el Real Decreto 557/2011 y el Real Decreto 1155/2024, que entrará en vigor el próximo 20 de mayo. Ambos establecen que la opción preferente en estos casos es el regreso del menor a su entorno familiar, siempre que las condiciones lo permitan.
Exigencia de una política exterior efectiva
El Ejecutivo madrileño también ha instado al Gobierno central a asumir su responsabilidad en política exterior, colaborando con las representaciones diplomáticas de los países de origen. El artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 exige que se investiguen las circunstancias personales de los menores para evaluar su reagrupación. “No se puede limitar la respuesta a la acogida indiscriminada sin establecer mecanismos adecuados de gestión”, han insistido desde la Comunidad de Madrid.
Un recurso ante el Tribunal Constitucional
La Comunidad de Madrid ha elevado un recurso al Tribunal Constitucional contra el Real Decreto ley 2/2025, aprobado el pasado 18 de marzo por el Gobierno de España. Dicho decreto modifica los criterios de reparto de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas.
Según el informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, esta medida vulnera preceptos de la Constitución al invadir competencias exclusivas del gobierno autonómico en materia de protección de menores. Además, el Ejecutivo regional considera que desplaza a los menores sin garantizar su asistencia prioritaria.
