Los incendios forestales son una de las principales causas de destrucción de hábitat en España. En lo que vamos de año y sólo en la mitad del verano ya se ha registrado según datos del MITECO, 1813 incendios forestales, 336 más que los producidos en todo 2020, que han afectado a 32661 hectáreas de superficie forestal.
Muchos de esos incendios son provocados (un 55% en número y un 58% en superficie, del total de incendios en España) y constituyen un delito que puede llegar a los 20 años de prisión cuando pone en peligro la vida o integridad física de las personas. Según datos de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo en 2019 se incoaron 1029 procedimientos penales por delitos de incendio, 164 más que en 2016.
Motivación de la criminalidad ambiental
Según un informe publicado por SEO/BirdLife sobre la motivación de la criminalidad ambiental, más de dos tercios de los incendios cuya motivación ha sido identificada están causados por razones ligadas a la eliminación de matorral o a la generación de pasto.
Por otro lado, pese a que se conocen las causas de, aproximadamente, dos tercios de los incendios, sin embargo, cuando se trata de identificar al delincuente, la tarea no es siempre sencilla. Las estadísticas no reflejen realmente el perfil del incendiario, sino solo el de aquellos incendiarios que son capturados y procesados, los cuales constituyen una pequeña fracción de estos, del orden del 1,5 – 2%.
En todo caso, llama la atención la coincidencia en ciertos datos: el sexo es hombre en un 92% de los casos y; la edad es predominantemente de entre 20 y 35 años (31-35%). Además, algunos estudios encuentran otros patrones: no tienen escolarización o tienen una escolarización básica (60%), no tienen antecedentes penales (73%), antecedentes de tratamiento psiquiátrico desconocido (46%) y, de profesión, no cualificado o desempleado (67%). Otras clasificaciones de los incendiarios proponen las categorías de negligente (que incluye las prácticas tradicionales inadecuadas), impulsivo, lucrativo y vengativo.
Otros delitos contra el medio ambiente en aumento
La situación descrita en relación a los incendios es también extrapolable a otros delitos ambientales. En los últimos años se ha producido un aumento generalizado de los delitos ambientales.
Además de los datos contenidos en las memorias de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo que reflejan ese aumento, según datos de la Guardia Civil, y sólo en relación a los delitos contra la fauna, en 2020 se investigaron 154 delitos de caza ilegal, 67 más que en 2018, 67 delitos por tráfico ilegal de especies protegidas o amenazadas, 22 más que en 2018, y se detuvieron o investigaron a 664 personas, 240 más que dos años atrás. Estos delitos constituyen un impacto en la conservación de la biodiversidad.
Sólo el uso ilegal de veneno entre 1992 y 2017, causó la muerte de 21.260 animales, pudiendo llegar la cifra real a más de 200.000, en un total de 9.700 episodios. Un delito que, a pesar de mostrar una tendencia decreciente, genera impactos severos, como el último registrado en Salamanca en junio de 2021, donde se hallaron más de 100 buitres envenenados.
Medidas para mejorar la eficacia y la efectividad de la lucha contra el crimen ambiental
Muchos de los delitos descritos cuentan con altos índices de impunidad, siendo compleja su investigación y judicialización. Para ello, desde 2018, SEO/BirdLife ha puesto en marcha en el marco del LIFE Guardianes de la Naturaleza, junto con otras entidades privadas y públicas, diversas medidas dirigidas a mejorar la eficacia y la efectividad de la lucha contra los delitos ambientales.
Para reducir el nivel de impunidad de los delitos ambientales, SEO/BirdLife y SPEA, socia del proyecto, se han personado en 21 procesos abiertos en los tribunales por diferentes agresiones contra el medio ambiente. Además, el proyecto LIFE ha contribuido a la creación de una oficina nacional de inteligencia ambiental, la Oficina Central Nacional (OCN) de la Guardia Civil, lo que supone un importante avance en la investigación de los delitos medioambientales. El Serpona, también socio del proyecto ha llevado a cabo en el marco del LIFE ocho operaciones y campañas policiales específicas.
Como resultado de todo ello, se han investigado más de 600 páginas web relacionadas con el tráfico de fauna silvestre; se han levantado 3245 actas de infracción relacionadas con la fauna silvestre; se han levantado 37267 actas de infracción relacionadas con los residuos; se han levantado 438 actas de infracción relacionadas con los cebos envenenados. Y en relación con las infracciones penales, se han detectado 584 delitos y se ha detenido o investigado a 809 personas.
Con el objeto de garantizar y reforzar la aplicación de la legislación penal y medioambiental se han llevado a cabo diversos estudios sobre la aplicación de la legislación penal española y de la UE, se ha elaborado una metodología de valoración de fauna silvestre que permita revertir el daño causado al patrimonio natural o sobre la aplicación de régimen de excepciones que protege a las aves.
23 cursos de formación
Además, para potenciar la capacidad operativa de los agentes y organizaciones que se ocupan de los delitos ambientales, con la colaboración de la Junta de Andalucía, se han organizado 23 cursos de formación para más de 1.500 agentes y profesionales de las fuerzas de seguridad de España, Portugal y otros países de la UE y de fuera de ella en materias como la investigación de los delitos contra la biodiversidad, la ciberdelincuencia ambiental, la OSINT (inteligencia de fuentes abiertas) o la persecución de los beneficios económicos de los delitos ambientales.
Y, por último, no se ha dejado de concienciar a la sociedad sobre importancia de luchar contra los delitos ambientales. En relación con este objetivo, destaca, entre otras acciones, la inauguración en España, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), de una exposición permanente sobre el derecho y el deber de todos los ciudadanos de conservar la naturaleza, recogido en el artículo 45 de la Constitución Española.
Según David de la Bodega, responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife: “Los delitos contra el medio ambiente suponen una amenaza para la conservación del patrimonio natural y para nuestra propia subsistencia, bienestar y la calidad de vida.
La destrucción de nuestro entorno no solo es un acto contrario a la normativa, sino también un acto que pone en riesgo el bien común y la salud del conjunto de la sociedad”. Y añade que, “los delitos ambientales han sido declarados una prioridad para la UE hasta 2025 y para combatirlos es necesaria la alianza de todos los actores implicados”.
Dos spots que muestran cómo afectan los delitos ambientales
Para sensibilizar sobre el grave impacto que generan los delitos como el medio ambiente, como el veneno, la contaminación, los vertidos ilegales o los incendios forestales, SEO/BirdLife en el marco del LIFE Guardianes de la Naturaleza, lanzó recientemente uno de los spot enfocado al envenenamiento de fauna y hoy publica uno nuevo dedicado al impacto de los incendios intencionados. En ambos vídeos se señala que los delitos contra el medio ambiente afectan a toda la sociedad y generan un daño en el entorno, la salud y la propia supervivencia del ser humano.
Los spots forman parte de la campaña que SEO/BirdLife mantiene sobre el valor del artículo 45 de la Constitución Española por el que la ciudadanía tiene el derecho y la responsabilidad de proteger el medio ambiente.
Esta campaña se presentó con el cuadro Creación del artículo 45 de la Constitución Española, que se expone de manera permanente en el Museo Nacional de Ciencias Naturales.
El proyecto Guardianes de la Naturaleza, contra el Crimen Ambiental, coordinado por SEO/BirdLife, tiene como objetivo principal la mejora de la efectividad y la eficacia de las acciones dirigidas a combatir los delitos contra el medio ambiente, especialmente aquellos cometidos contra la fauna silvestre en España y en Portugal. Financiado por el programa LIFE de la Unión Europea, cuenta como socios beneficiarios al Servicio para la Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), la Junta de Andalucía y la Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA).
