El partido político Vecinos por Algete ha alzado la voz nuevamente, denunciando, una vez más, una presunta vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público por parte del Ayuntamiento. La repetida adjudicación de contratos a una misma empresa ha generado inquietud y señalamientos sobre irregularidades en el proceso de contratación.
El Ayuntamiento de Algete bajo la lupa: ¿Se respetan las leyes de contratación?
Vecinos por Algete, un partido que ya ha protagonizado varias denuncias similares en el pasado, ha vuelto a acusar al equipo de gobierno municipal de incumplir la normativa vigente en materia de contratación pública. Esta vez, la polémica gira en torno a la adjudicación de tres contratos menores a la misma empresa, acumulando una suma superior a los 43.000 euros en total.
Sergio Velasco, portavoz del partido, asegura que este proceso de contratación vulnera la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, ya que se ha recurrido reiteradamente a la misma empresa para la gestión de la comunicación institucional del Ayuntamiento. Los contratos, que han sido adjudicados en enero, junio y agosto de este año, suman pagos de 7.260 euros y dos contratos más por 18.029 euros cada uno, todos para la misma empresa y por el mismo servicio.
¿Fraccionamiento de contratos o gestión eficiente?
Una de las principales críticas de Vecinos por Algete es el fraccionamiento de contratos, una práctica que, según la ley, está prohibida cuando una misma actividad se repite de forma periódica. La contratación de los servicios de comunicación institucional, que incluyen la gestión de las redes sociales del Ayuntamiento, es un servicio recurrente, lo que según el partido debería haber sido tramitado como un contrato mayor.
Velasco ha sido contundente en sus declaraciones: «La reiteración de contratos menores para un servicio que sabemos que será necesario año tras año no es solo una mala praxis, sino que infringe la normativa vigente. La propia intervención municipal debería haber rechazado estas adjudicaciones desde el principio».
El fraccionamiento de contratos es una cuestión sensible en la gestión pública, ya que permite, en muchos casos, evitar los procedimientos más rigurosos que implican los contratos mayores, como la apertura de un concurso público donde diferentes empresas pueden competir en igualdad de condiciones.
¿Justificación o excusa?
El equipo de gobierno del Partido Popular ha intentado justificar esta decisión, argumentando que en legislaturas anteriores, en las que Vecinos por Algete formaba parte del gobierno, se realizaron gastos similares en comunicación. Sin embargo, Velasco ha matizado que esos fondos se destinaron a la compra de espacios publicitarios en medios locales, como prensa y radio, lo que difiere notablemente de la situación actual.
“En nuestra legislatura, los concejales nos encargábamos de gestionar las redes sociales del Ayuntamiento sin ningún coste adicional para los ciudadanos. Lo que tenemos ahora es el pago a una empresa cercana al gobierno para hacer lo que antes hacíamos sin coste», ha afirmado Velasco.
La comparación ha abierto un debate sobre la diferencia entre invertir en publicidad institucional y contratar a una empresa para la gestión de redes sociales, un servicio que, según la denuncia de Vecinos por Algete, podría haberse llevado a cabo de manera más económica y transparente.
La importancia de la transparencia en la contratación pública
Este tipo de situaciones plantea preguntas importantes sobre la transparencia en la gestión de los fondos públicos. ¿Por qué se elige una misma empresa en varias ocasiones sin permitir la participación de otras? ¿Qué mecanismos de control deben existir para evitar este tipo de fraccionamientos? Las leyes de contratación pública buscan precisamente garantizar la igualdad de oportunidades para las empresas y evitar favoritismos.
Vecinos por Algete insisten en que el problema no solo es el fraccionamiento de contratos, sino que también se ha prorrogado un contrato menor, lo cual está explícitamente prohibido por la ley. Velasco ha expresado su preocupación ante la falta de control y supervisión de estas decisiones: “Este último contrato no solo vulnera los límites económicos para los contratos menores, sino que además se ha prorrogado de manera irregular, un error de manual que no debería haber pasado desapercibido”.
