La Comunidad de Madrid respalda a los repartidores madrileños de hostelería y pequeño comercio, conocidos como riders, que piden libertad para trabajar como autónomos o asalariados, al tiempo que reconoce la labor esencial que han desempeñado durante los meses del confinamiento por la evolución del COVID-19.
Así se lo ha trasladado el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, durante la reunión que ha mantenido con representantes de estos trabajadores, a los que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no ha recibido, para conocer tanto su situación actual como sus demandas ante la regulación nacional que se está tramitando.
Si acudimos al comunicado conjunto emitido en marzo por el Ejecutivo y los agentes sociales, podemos leer que esta nueva norma “reconoce la presunción de laboralidad para los trabajadores que presten servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital”.
La nueva ley confirma la relación laboral entre repartidor y plataforma, lo que obligará a que estas empresas digitales contraten a sus empleados.
Hasta ahora, el rider estaba dado de alta en autónomos y la app gestionaba los repartos entre los trabajadores, sin embargo algunos de ellos, abogan por la libertad de elección sobre si estar contratados o permanecer como autónomos.
Y es que, entre las dificultades que supondría la legislación estatal de su trabajo (actualmente en fase de elaboración y que podría presentarse este mismo mes), los repartidores que han participado en el encuentro señalan que, si se convirtieran en asalariados de las empresas como pretende el Gobierno central, estarían abocados a una mayor precariedad laboral, a la pérdida de flexibilidad y a un mayor desempleo.
Ante esta situación de indecisión y considerando las condiciones de la nueva ‘ley rider’, repartidores a favor de trabajar como autónomos han enviado una carta a la Comisión Europea (CE), consensuada entre Gobierno, patronal y sindicatos en España y que obliga a las plataformas digitales a contratarles como asalariados.
Flexibilidad en los horarios
A raíz de esta polémica, la Comunidad de Madrid ha querido destacar las virtudes de este tipo de trabajo como la gran flexibilidad en los horarios y la cantidad de horas de trabajo realizadas, permite que los trabajadores ofrezcan sus servicios a diferentes empresas, aumentando de este modo sus ingresos.
En España hay actualmente alrededor de 29.300 repartidores inscritos en las plataformas digitales de oferta de servicios, que cada vez tienen una mayor demanda entre las empresas.
Conciliar la vida labora y estudiantil
Como ha asegurado el consejero, esta actividad permite introducir en el mercado laboral a un sector de población joven que accede con dificultades al mismo y que opta o necesita combinar su ocupación laboral con formación u otras actividades.
Por ello, Fernández-Lasquetty ha manifestado su preocupación por este sector de trabajadores que, pese a la heterogeneidad de sus condiciones, declara ingresar una media 332 euros por semana, algo más de 17.300 euros brutos al año, es decir, 1,4 veces el Salario Mínimo Interprofesional.
Oportunidad para los establecimientos minoristas
Las plataformas de envíos a domicilio generan valor para los consumidores, que pueden acceder a una amplia oferta de servicios con un servicio ágil, cómodo y que genera ahorro en tiempo y desplazamientos; para los repartidores, puesto que les otorga flexibilidad y poder compatibilizar este trabajo con otras actividades y acceder a un puesto de trabajo con pocos requisitos de formación; y para los restaurantes y establecimientos minoristas, que pueden llegar a un mayor número de destinatarios sin invertir en los costes fijos derivados del mantenimiento de un establecimiento.
Estos condicionantes, así como el elevado uso de sus servicios durante los meses de confinamiento, han hecho que este sector esté en alza, como demuestran los más de 36 millones de pedidos anuales realizados en España y los más de 64.500 acuerdos de colaboración con restaurantes y comercios establecidos en 2019, más del doble de los realizados en 2018.
