Las empresas constructoras, golpeadas por el aumento de exigencias normativas y laborales, piden al Gobierno un reajuste urgente en los costos que pueden repercutir a las administraciones. ¿Es suficiente este cambio para evitar un parón en la contratación pública?
La urgencia de un reajuste: la propuesta del CNC
La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha levantado la voz ante lo que considera una crisis inminente en el sector de la construcción, si no se toman medidas inmediatas. Tras años de soportar un incremento considerable en sus gastos generales —que se calcula en un 50% en las últimas dos décadas— la CNC ha presentado un informe que propone elevar al 17% el porcentaje mínimo de gastos generales que pueden repercutir las empresas a las administraciones públicas. Actualmente, este porcentaje se sitúa en el 13%, una cifra que, según la patronal, resulta insuficiente para cubrir los costes reales de las empresas.
Las constructoras se enfrentan a un entorno cada vez más complejo, con nuevas exigencias normativas en materia laboral y medioambiental, así como al impacto acumulado de las tensiones inflacionistas y el incremento de los costes de materiales y energía. Este escenario, sin una revisión adecuada del porcentaje de gastos repercutibles, podría llevar a un frenazo en la contratación pública y dejar desiertas numerosas licitaciones.
El aumento de los costes y su impacto en la competitividad
En los últimos años, las empresas del sector han tenido que hacer frente a una serie de desafíos que han disparado sus costes. Desde la implementación de sistemas de protección de datos personales hasta el registro de jornada laboral y los canales de denuncias, los gastos no han hecho más que aumentar. Además, el constante incremento del salario mínimo, aunque en el sector de la construcción los sueldos estén muy por encima del salario mínimo interprofesional (SMI), también ha tenido un efecto directo en los presupuestos de las empresas.
El CNC recuerda que estos incrementos se han visto agravados por las tensiones inflacionistas que han llevado los precios de materiales y energía a niveles récord. Sin un mecanismo que permita revisar los contratos públicos en función de estos cambios, las constructoras se encuentran en una situación de desventaja competitiva que puede afectar gravemente su viabilidad.
¿Un futuro sin licitaciones?
Uno de los principales riesgos que plantea la CNC es que un número significativo de licitaciones quede desierto. Esto se debe a que muchas constructoras, especialmente las pequeñas y medianas empresas (PYMES), no pueden asumir los costos actuales sin una contraprestación adecuada. Esta falta de participación podría reducir significativamente la competencia en el sector y frenar la ejecución de proyectos esenciales, tanto en el ámbito de la construcción de infraestructuras como en el de la vivienda.
Para evitar este escenario, la CNC ha propuesto modificar el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y recuperar la horquilla de entre el 16% y el 20% de gastos generales repercutibles, tal y como se contemplaba en la normativa hasta 1987. . Esta medida, según la patronal, permitiría a las empresas cubrir sus costes reales y garantizar la correcta ejecución de los proyectos públicos.
Vivienda y ayudas comunitarias: otro reto en el horizonte
Además de los problemas asociados a la contratación pública, el CNC ha alertado de la creciente crisis en el sector de la vivienda. El desajuste entre la oferta de viviendas y la demanda de nuevos hogares podría desatar una crisis sin precedentes en España. Para evitarlo, el patrón propone aumentar la oferta de viviendas hasta al menos las 150.000 anuales. Sin embargo, la CNC advierte que este objetivo solo podrá alcanzarse si se refuerza la colaboración público-privada y se alejan las tensiones políticas que actualmente dificultan la ejecución de proyectos.
El presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, ha sido claro al señalar que las constructoras llevan años soportando incrementos de gastos sin recibir ninguna compensación. Según Fernández Alén, el Gobierno tiene la capacidad de elevar al 17% los gastos que pueden repercutir las empresas a los órganos de contratación, una medida que, aunque no resolvería todos los problemas, al menos aliviaría la situación actual.
¿Es suficiente con elevar al 17% los gastos repercutibles?
La pregunta clave que surge es si esta medida será suficiente para frenar el deterioro de la contratación pública en España. Aunque el CNC sostiene que el incremento al 17% es un paso en la dirección correcta, también reconoce que no resolverá por completo los problemas estructurales del sector. La falta de un mecanismo para revisar los precios de los contratos, el abuso de medios propios por parte de la Administración y la escasez de trabajadores cualificados siguen siendo retos importantes que requieren soluciones a largo plazo.
La situación actual, según la CNC, pone en riesgo no solo la ejecución de las ayudas comunitarias del Plan de Recuperación, sino también el desarrollo de proyectos de vivienda esenciales para responder a la demanda de nuevos hogares.
El futuro del sector: una colaboración necesaria
El CNC ha dejado claro que el sector de la construcción necesita un entorno normativo que refleje los cambios en los costes y garantice una colaboración público-privada eficiente. La sostenibilidad, la digitalización y la mejora de la cualificación de los trabajadores son palancas clave para asegurar que el sector de la construcción continúe siendo un motor de la economía española. Sin embargo, sin un reajuste adecuado en los gastos generales repercutibles, la viabilidad de muchas empresas podría estar en juego.
