La Comunidad de Madrid instalará desfibriladores en todas las sedes judiciales de la región. El Gobierno invierte más de 273.000 euros en la compra de los equipos y la formación básica para su uso.
La Comunidad de Madrid instalará desfibriladores en todas las sedes judiciales de la región, dentro del Plan de choque para las infraestructuras judiciales que impulsa el Gobierno de Cristina Cifuentes y que tiene la seguridad como uno de sus ejes principales.
Así lo ha adelantado hoy el consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Ejecutivo regional, Ángel Garrido, durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid, en la que ha explicado que está prevista la publicación inminente, en el Boletín Oficial de la Unión Europea, del anuncio para la contratación de 127 desfibriladores semiautomáticos externos y la formación básica sobre el funcionamiento de los equipos, por importe de 273.050 euros.
“La seguridad es un elemento esencial en la toma de cualquier decisión y, en materia de Justicia, es un aspecto prioritario en el que trabajamos con especial interés”, ha señalado Garrido, que ha recordado la importancia de adoptar medidas de este tipo para mejorar la asistencia sanitaria y la primera respuesta asistencial ante una parada cardíaca que pueda producirse en una sede judicial, tanto entre los trabajadores como entre los ciudadanos que, en esos momentos, se encuentren en las dependencias judiciales.
En la actualidad, cuentan con desfibriladores las sedes judiciales con mayor afluencia de público: Plaza de Castilla, Capitán Haya, Santiago de Compostela, Princesa nº3, Julián Camarillo, Manuel Tovar y el Registro Civil Único. Con la medida anunciada hoy, todas las sedes judiciales pasarán a disponer, al menos, de un desfibrilador. El número de estos equipos se ampliará con un desfibrilador más por cada 500 usuarios que haya en la sede judicial, contando tanto trabajadores como público.
Comunidad cardioprotegida
La medida está en línea con el decreto que ultima la Comunidad de Madrid para convertir a la región en la primera Comunidad Autónoma cardioprotegida, gracias a la instalación obligatoria de desfibriladores externos automatizados en espacios públicos.
Cuando entre en vigor este decreto, se instalarán desfibriladores en espacios como grandes establecimientos comerciales y minoristas, en aeropuertos y estaciones de autobuses, ferrocarril, Metro y autobús con elevada afluencia de personas. También en establecimientos públicos con un elevado aforo y en determinados edificios de las Administraciones Públicas de grandes poblaciones y con un número alto de usuarios.
También se instalarán desfibriladores en determinados complejos deportivos, en establecimientos hoteleros, centros educativos, centros de trabajo y polígonos industriales, así como en algunos servicios de emergencias no sanitarias que puedan realizar una primera intervención en caso de parada cardíaca, como Bomberos, Policía Local y Protección Civil.
Plan de su choque de justicia
En su intervención en la Asamblea, Garrido ha hecho balance de la puesta en marcha del Plan de choque para las infraestructuras judiciales, que este año 2017 tiene una dotación de 7,05 millones de euros.
Así, ha explicado que la primera fase del Plan, centrada en actuaciones urgentes y con un presupuesto de 1,85 millones, se encuentra en fase de ejecución al 100%, con medidas terminadas o en desarrollo o listas para acometerse cuando cese la actividad judicial en verano.
Además, ya están listos los pliegos para la elaboración, redacción, implantación y formación relativa a los Planes de emergencia y autoprotección de las sedes, que se adjudicarán en los próximos días.
En cuanto a la segunda fase del Plan de choque, Garrido ha subrayado que se han producido notables mejoras en lo relativo a la agrupación de sedes judiciales, con la agrupación de la Audiencia Provincial, en la calle Santiago de Compostela de Madrid, que se completará este mismo verano.
Además, el proyecto de creación de un núcleo penal en Madrid capital se encuentra en una fase bastante avanzada. Fuera de Madrid, la unificación de las sedes de Torrejón de Ardoz en un edificio judicial se ha fijado como prioritaria.
En esta segunda fase, también se acometerán obras de mayor envergadura para la mejora de las sedes de Capitán Haya y Plaza de Castilla; se ampliará la sede de los juzgados de Aranjuez; se harán obras de adaptación de una nueva sede en Móstoles, para reubicar tres juzgados de este partido; y se suministrará material para la protección del formol en el Instituto Anatómico Forense.
