En un escenario donde la transparencia y el acceso a la información pública se sitúan en el centro del debate político de Algete, la disputa entre el partido local Vecinos por Algete y el gobierno municipal liderado por el alcalde Fernando Romo ilustra los desafíos y tensiones inherentes al ejercicio de la gobernanza local. Este conflicto, que ha escalado hasta requerir la intervención del Defensor del Pueblo, revela la complejidad de equilibrar los derechos de los cargos electos de la oposición con los procedimientos administrativos establecidos por la ley.
La esencia del conflicto
La raíz del problema radica en la retirada de permisos para acceder a los Libros de Entidad de la aplicación informática de gestión de expedientes municipales, una herramienta vital para que los concejales de la oposición ejerzan su función de fiscalización del equipo de gobierno. Esta situación, denunciada por Vecinos por Algete y su concejal portavoz, Sergio Velasco, ha llevado a la presentación de una queja formal ante el Defensor del Pueblo, organismo que ha decidido admitir a trámite la denuncia basándose en los principios constitucionales que garantizan el derecho a la información y la participación en los asuntos públicos.
Transparencia y gobernanza: un equilibrio delicado
La intervención del Defensor del Pueblo en este caso no es un hecho aislado. Ya en marzo de 2021, este órgano había formulado al Ayuntamiento de Algete la sugerencia de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en cuanto al derecho de los ediles a obtener información. Esto subraya la persistencia de tensiones en torno al acceso a la información y la importancia de mecanismos externos de supervisión para garantizar la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales en la administración local.
El alcalde espera el informe preceptivo del Secretario
En respuesta a las acusaciones, el alcalde Fernando Romo ha señalado que no se ha producido una negativa explícita a facilitar el acceso a la información, sino que se está a la espera de un informe del secretario municipal que clarifique los derechos de acceso de los concejales según la ley. Esta posición sugiere una interpretación del conflicto como un asunto de procedimiento y legalidad, más que como un intento deliberado de limitar la transparencia o la capacidad de fiscalización de la oposición.
El papel del Defensor del Pueblo y precedentes legales
El Tribunal Constitucional considera que el artículo 23.2 de la Constitución Española garantiza el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes, así como que quienes hayan accedido a los mismos se mantengan en ellos y los desempeñen de conformidad con lo que la Ley disponga (STC 208/2003 y STC 169/2009).
En atención a este precepto constitucional, el legislador ordinario reguló el régimen en el que los miembros electos de las Corporaciones Locales ejercerán su cargo, garantizándoles el derecho a poder desempeñar el mismo de manera efectiva.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, como legislación básica estatal, recoge en su artículo 77 el derecho de los concejales a obtener cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función, configurándose como uno de los derechos básicos para que el corporativo pueda ejercer efectivamente su cargo.
El conflicto en Algete pone de relieve el delicado equilibrio entre la necesidad de transparencia y la eficiencia administrativa en la gestión de los asuntos públicos. La transparencia es un pilar fundamental de la democracia, esencial para la confianza ciudadana en sus instituciones y para el ejercicio efectivo de la fiscalización y la rendición de cuentas por parte de los representantes electos. Sin embargo, la implementación de este principio enfrenta desafíos prácticos y legales que requieren de una continua negociación entre los diferentes actores políticos y administrativos.
Hacia una resolución constructiva
Ante este panorama, la búsqueda de una solución que satisfaga tanto las demandas de transparencia y acceso a la información como las necesidades de gestión administrativa eficiente se presenta como un desafío clave para Algete. La colaboración entre el gobierno local, la oposición y organismos como el Defensor del Pueblo será fundamental para encontrar un camino adelante que refuerce los principios democráticos y garantice el derecho a la información, sin comprometer la eficacia en la administración de los recursos y los asuntos públicos.
El PSOE acusa al equipo de gobierno de falta de transparencia y de limitar el derecho a la información
El Partido Socialista de Algete exige al Equipo de Gobierno que cumpla con la transparencia debida y deje de limitar el Derecho a la Información.
En concreto, según el Grupo Municipal Socialista «no se está cumpliendo con unos mínimos en términos de transparencia dentro de la propia Web y el Portal, en los cuales falta mucha información».
Además de todo ello el GM Socialista lleva reclamando meses «el acceso a través de la aplicación electrónica a los Decretos emitidos» y según comentan «ni siquiera el Equipo de Gobierno con el Alcalde a la cabeza se han dignado en contestar».
En palabras de Juan Jesús Valle anterior regidor y portavoz del PSOE Algete “nos parece una auténtica tomadura de pelo que después de 9 meses se nos siga ocultando parte de la información y que además no hayan permitido hasta la fecha el acceso a los decretos a través de la administración electrónica. Estos hechos limitan de facto en gran medida nuestra labor para ejercer una oposición y fiscalización adecuada en términos democráticos. Creemos que esta actitud persistente en el tiempo es absolutamente deliberada a lo que hay que sumar el completo desastre de la actual administración que también de forma reiterada incumple los plazos de las convocatorias a Junta de Portavoces, Comisiones Informativas e incluso Plenos”.
