Dos de cada tres aguas tomadas en fuentes naturales de España están contaminadas, según la Organización de Consumidores y Usuarios. Las bacterias y restos fecales campan por sus respetos.
Durante el mes de mayo, OCU recogió agua en 14 fuentes naturales de diferentes provincias, no conectadas con la red pública. Todas ellas son muy frecuentadas y mucha gente se lleva botellas a casa. Los resultados del estudio desaconsejan esa costumbre.
Salmonella y restos fecales
El estudio reveló que el agua en 8 de las 14 fuentes analizadas tiene problemas que desaconsejan beberla, sobre todo contaminación con microorganismos que pueden causar enfermedades. En el Pilón del Portazgo de Águilas se detectó salmonella, mientras que en el Caño de Los Pozuelos de Piedrabuena y en la fuente de la Zarza de Arándiga el agua contenía una contaminación muy alta por bacterias fecales, probablemente por filtraciones de desechos del ganado. En los tres casos, como el riesgo para la salud era alto, OCU alertó a los ayuntamientos, sin que haya habido respuesta.
OCU pide regularizar la calidad del agua de las fuentes
El agua de las fuentes no está regulada por el Real Decreto sobre calidad del agua de abastecimiento, ni existe otro que la regule. Ante este vacío legal, según informa OCU, unas comunidades autónomas se limitan a advertir, como Canarias que pide a los ayuntamientos que coloquen en todas las fuentes el rótulo Agua no controlada sanitariamente, o Extremadura que recomienda a los ayuntamientos que tomen una muestra al año de las fuentes de su municipio. Pero, según la organización, no es suficiente.
Para OCU, en cambio, Castilla-León «sí se lo ha tomado en serio y tiene un programa de control». Esta comunidad autónoma ha fijado los parámetros y lo que pondrá el cartel según los resultados (“agua potable” o “agua no potable”), así como los datos de la instalación.
Por ello, OCU pide una norma que obligue a un control permanente de las fuentes, ya que algunas han resultado peligrosas para la salud. Aunque, insiste en que «la solución no es clausurarlas para quitarse de encima el problema, ya que tienen una utilidad pública. Se trata de controlarlas y de informar sobre los resultados».
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