El Ayuntamiento mantiene abiertos los canales de atención a damnificados, coordina la limpieza y retirada de residuos, y trabaja junto a la Comunidad de Madrid en medidas de apoyo para propietarios y ganaderos afectados.
Una ciudad que no deja solos a sus vecinos
El incendio que el pasado 11 de agosto arrasó parte del término municipal de Tres Cantos sigue teniendo consecuencias visibles, pero también ha despertado una respuesta inmediata de las instituciones. Desde el mismo martes posterior al fuego, el Ayuntamiento puso en marcha un Protocolo de Atención a Afectados que continúa funcionando a pleno rendimiento.
Los teléfonos habilitados para consultas, orientación y ayuda a los vecinos damnificados siguen recibiendo llamadas de manera ininterrumpida, mientras los equipos municipales mantienen un contacto directo y permanente con los afectados para acelerar la vuelta a la normalidad. El SEPRONA, por su parte, prosigue con la investigación de las causas que originaron el incendio.
Asesoramiento técnico y apoyo legal
El servicio de asesoramiento y gabinete pericial ya ha dado cobertura a once expedientes relacionados con viviendas especialmente dañadas en calles como Peña Isasa, Monte Perdido, Peña Trevinca, Naranjo de Bulnes, Mulhacén y Navacerrada. En paralelo, la Guardia Civil ha registrado ocho denuncias vinculadas a la catástrofe.
Este trabajo de acompañamiento se centra en la revisión de pólizas de seguros, la elaboración de informes y el análisis de los pasos a seguir para cada familia, con el objetivo de garantizar seguridad jurídica y transparencia en todos los procesos.
Limpieza y retirada de residuos: un esfuerzo colectivo
La limpieza de enseres y materiales dañados ha sido otro de los frentes prioritarios. Hasta ahora se han recibido 45 llamadas solicitando la recogida de voluminosos y asesoramiento sobre especies vegetales.
El concejal de Servicios Públicos, Pedro Fernández, explicó que “desde el Ayuntamiento, y junto a la empresa adjudicataria de los servicios de limpieza, estamos colaborando con las fincas rurales afectadas para ayudar a la retirada de residuos y facilitar cualquier ayuda posible a los vecinos damnificados”.
Los datos reflejan la magnitud de este despliegue: solo en la zona de Soto de Viñuelas se han recogido 5.000 kilos de residuos, mientras que en el área de la Hípica se han retirado otros 3.500 kilos. Además, brigadas municipales continúan con labores de barrido, baldeo de agua e higiene en toda la superficie afectada.
Servicios básicos: agua, luz y comunicaciones
Los problemas de suministro también han centrado parte de la actuación. El Ayuntamiento se ha puesto en contacto directo con el Canal de Isabel II y compañías de electricidad como Iberdrola para resolver incidencias y facilitar trámites a los vecinos.
María del Mar Sánchez, concejal de Desarrollo Urbano, Obras y Movilidad, señaló que “se están llevando a cabo derivaciones individuales entre los usuarios y las compañías de agua y electricidad para tratar de agilizar trámites y resolver las situaciones más complicadas en el menor tiempo posible”. También destacó la colaboración activa con Telefónica para atender los problemas de conectividad en algunas viviendas.
Ganaderos y explotaciones rurales: prioridad en la recuperación
El fuego también golpeó explotaciones ganaderas en la zona. Por ello, el Ayuntamiento ha mantenido reuniones con los propietarios para coordinar el traslado de reses y asegurar el suministro de heno y agua. La prioridad es garantizar el bienestar animal y evitar pérdidas mayores.
La alcaldesa en funciones, Sonia Lolo, subrayó que “todas estas medidas están contribuyendo significativamente a recuperar la normalidad en la ciudad y, desde el Ayuntamiento, seguimos trabajando y escuchando a todos los vecinos afectados para que esto sea así con la mayor rapidez posible”.
Medidas de apoyo desde la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid, por su parte, ha anunciado varias iniciativas destinadas a mitigar las consecuencias del incendio. Una de las más destacadas es la entrega de cabezas de ganado ovino de razas autóctonas, procedentes del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), con el fin de reponer reses perdidas por los ganaderos.
Otra medida concreta es la aplicación de una tarifa social de agua durante un año para los propietarios damnificados, además de considerar el incendio como “causa de fuerza mayor” dentro de la Política Agrícola Común (PAC). Esto permitirá que los ganaderos afectados puedan acceder a ayudas sin que se vean penalizados por las circunstancias excepcionales.
Asimismo, la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció la intención de solicitar al Gobierno central la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, lo que supondría un marco legal más amplio para canalizar ayudas y recursos.
