La Comunidad de Madrid reclama 25 millones al Ministro de Justicia por lo recaudado con las tasas judiciales.
El consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, asegura que esta petición responde al cumplimiento efectivo de la Ley 10/2012 de 20 de noviembre -conocida como Ley de Tasas Judiciales-, que regula la aplicación de determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia.
Fruto de la aplicación de esta norma, la Comunidad de Madrid pasó de ingresar 63 millones de euros en 2012 a 88 millones en 2013, un incremento que ha ido a parar a las arcas estatales y que debería ir destinado a financiar la Justicia gratuita de la región.
Victoria considera que la Ley, que reconoce que parte de lo recaudado por esas tasas judiciales revertirá en la financiación de la Justicia gratuita para quienes no pueden costearse esa atención letrada, no se está cumpliendo y que es la Comunidad de Madrid, al igual que el resto de las comunidades, la que está asumiendo el coste de ese servicio.
En concreto, el Gobierno regional reclama al Estado el cumplimiento del artículo 11 de la citada norma, que vincula la tasa judicial a la financiación del servicio de asistencia jurídica gratuita, en los términos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.
Según la Memoria del Consejo General del Poder Judicial de 2013, y con datos del Ministerio de Economía y Hacienda, las CC.AA. recaudaron 320 millones derivados de las tasas judiciales, lo que supone 148 millones más que en 2012.
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