La oposición ha reclamado a Cifuentes que este tipo de abono tiene que ser creado, pues en la Comunidad hay unas 30.000 personas recibiendo la Renta Mínima de Inserción. Para ello, introducirán una enmienda en los Presupuestos Regionales para 2017.
El objetivo de toda la oposición en la Asamblea de Madrid es crear un abono social de transportes gratuito para personas en riesgos de exclusión. Así lo manifestaron durante la Asamblea celebrada ayer jueves 24 y lo llevarán a cabo a través de la introducción de una enmienda en los Presupuestos regionales para 2017. Actualmente, en la Comunidad de Madrid, hay 30.000 personas perceptoras de la Renta Mínima de Inserción (RMI).
El pasado 15 de septiembre, PSOE, Podemos y Ciudadanos ya aprobaron una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento regional. De esta manera, se pretendía estudiar y crear un abono social implantado en diversas fases. Con este motivo, se han reunido representantes de los tres grupos políticos, para después sumarse a esta mesa de trabajo representantes de la plataforma Madrid en Transporte Público, quien impulsó esta iniciativa.
Por ello, según han acordado los tres grupos, se introducirá una enmienda en las Cuentas Públicas regionales para 2017. Estos presupuestos se están elaborando ahora y, de esta manera, se cubriría el coste del abono social, para que los beneficiarios pudiesen utilizarlo gratis al ser perceptores de la RMI en 2016 y nuevos receptores en 2017.
Lo siguiente sería preparar diversas mociones para que todos los ayuntamientos que estén dentro de la región participen y reclamen la aplicación de esta medida. Así, se sumarían a la mesa técnica y se continuaría con estudios y tareas en una reunión prevista para el 29 de noviembre a las 18 horas.
Del billete sencillo al abono transportes
Los tres grupos y la plataforma Madrid en Transporte Público, parten de la hipótesis de que los beneficiarios actualmente utilizan billete sencillo, metrobús o en algunos casos no viajan. Además, consideran también que esta aplicación no aumentaría los costes de los operadores porque se realizan con al capacidad no utilizada actualmente y que la distribución geográfica de estas personas es la misma que la generan en la recaudación.
El coste de la medida sería unos 10 millones de euros al año, unos 28 euros por persona apróximadamente, que es el dato ponderado tomando los datos actuales de distribución de viajes por zonas suponiendo que se producirán un 50% de viajes más que los actuales.