El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado recientemente la normativa que establecía las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en la capital española. La sentencia, emitida por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, pone en duda la validez de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento al señalar una «patente insuficiencia del informe de impacto económico». Esta resolución ha generado un debate en torno a la protección ambiental, la justicia económica y la planificación urbana. ¿Es este fracaso un revés para la lucha contra la contaminación o un ajuste necesario para proteger a los sectores más vulnerables?
¿Qué ha motivado esta decisión judicial?
El TSJM, en su sentencia del 17 de septiembre de 2024, ha anulado los apartados clave de la Ordenanza de Movilidad Sostenible que definían las ZBE en todo el municipio de Madrid. Estas zonas, creadas con el fin de reducir la contaminación, incluyeron dos áreas de especial protección: «Distrito Centro» y «Plaza Elíptica», las cuales han sido desmanteladas por la resolución.
El Tribunal ha sido claro: si bien la protección ambiental es fundamental, no se puede olvidar el impacto económico que estas medidas tienen sobre ciertos sectores de la sociedad. Los jueces consideran que los informes económicos que precedieron la normativa son «manifiestamente insuficientes», lo que impide evaluar adecuadamente las consecuencias económicas de las restricciones. ¿Es posible que las medidas adoptadas puedan afectar más a quienes ya están en situaciones de vulnerabilidad?
El impacto económico en los sectores más vulnerables
Uno de los puntos más destacados en la sentencia es la mención a los colectivos de menor capacidad económica, quienes se ven especialmente perjudicados por las restricciones impuestas en las ZBE. La Ordenanza no habría considerado el impacto que estas medidas tendrían sobre personas con menos recursos, quienes pueden encontrar dificultades para acceder a vehículos que cumplan con los estándares medioambientales.
Aquí es donde entra en juego el «principio de transición justa», un concepto incluido en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Este principio defiende la necesidad de implementar medidas de apoyo y adaptación para aquellos grupos más afectados por las nuevas políticas. Sin embargo, el fallo judicial subraya que este principio no se ha aplicado de manera adecuada en el caso de Madrid.
¿Qué pasa con los vehículos profesionales?
Otro aspecto clave que destaca la sentencia es el impacto de las ZBE sobre millas de vehículos comerciales, especialmente aquellos pertenecientes a autónomos, pequeñas y medianas empresas. Los jueces han señalado que la Ordenanza no tuvo en cuenta la situación de estos colectivos a la hora de renovar sus vehículos, lo que puede repercutir negativamente en su capacidad para competir en el mercado.
La falta de análisis sobre este tema ha sido vista como una omisión crítica, ya que se considera de gran importancia tener en cuenta las dificultades económicas que estas empresas pueden enfrentar al intentar cumplir con las normativas medioambientales. Así, el fallo ha encendido un debate sobre si la normativa protege adecuadamente tanto al medio ambiente como a los trabajadores.
¿Se puede conciliar el medio ambiente con la economía?
La sentencia no niega la importancia de adoptar medidas para controlar la contaminación. De hecho, los jueces reconocen que la normativa europea y nacional exige que las ciudades cumplan con ciertos estándares medioambientales. Sin embargo, la resolución subraya la necesidad de ponderar cuidadosamente los beneficios ambientales frente a los costos económicos.
El fallo del TSJM abre una reflexión interesante: ¿cómo se pueden implementar políticas de sostenibilidad que no perjudiquen a los sectores más vulnerables? Es un desafío no solo para Madrid, sino para todas las grandes ciudades que buscan reducir su huella ecológica sin sacrificar la equidad social. La clave parece estar en un enfoque equilibrado que incluye tanto la protección ambiental como el bienestar económico de la población.
¿Qué sigue para Madrid?
A pesar de la anulación de las Zonas de Bajas Emisiones, el Ayuntamiento aún tiene la posibilidad de recurrir esta sentencia ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Mientras tanto, la normativa vigente se mantendrá en suspenso hasta que se alcance una decisión definitiva. En este sentido, cabe preguntarse si las autoridades municipales modificarán sus estrategias para cumplir con los requisitos económicos establecidos por el TSJM o si mantendrán su enfoque actual.
Lo que queda claro es que la resolución judicial abre un nuevo capítulo en la planificación urbana de Madrid, uno en el que las cuestiones medioambientales deberán ir acompañadas de una mayor consideración de las consecuencias económicas para todos los grupos sociales.
¿Es posible una ciudad verde sin dejar a nadie atrás?
Este otoño también invita a reflexionar sobre cómo podemos construir ciudades sostenibles sin olvidar a quienes se encuentran en situaciones más vulnerables. ¿Es suficiente con implementar zonas de bajas emisiones o es necesario un enfoque más amplio que integre políticas de apoyo para los sectores menos favorecidos? Al final, el desafío no solo es reducir la contaminación, sino también hacerlo de una manera que no agrave las desigualdades existentes.
Conclusión
La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid es un recordatorio de que, en la búsqueda de soluciones medioambientales, no podemos pasar por alto el impacto económico de nuestras decisiones. El desafío para Madrid, y para muchas otras ciudades, será encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la justicia económica, garantizando que nadie se quede atrás en el proceso hacia un futuro más verde.
