La Diputación Permanente ha aprobado por un solo voto el paquete principal de medidas sobre vivienda y ha rechazado el decreto que planteaba renovar automáticamente los alquileres. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso mantiene su oposición a las políticas estatales y asegura que defenderá la propiedad privada dentro de las competencias autonómicas.
Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que la Comunidad de Madrid no aplicará, dentro del margen de sus competencias, los decretos de vivienda impulsados por el Gobierno central. La presidenta regional trasladó esta posición durante su intervención en la Asamblea de Madrid, donde defendió la propiedad privada y cuestionó la forma en la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tramitado estas medidas.
«En nuestro margen de competencias, mientras sea legal no lo vamos a cumplir», afirmó Ayuso durante su turno de réplica. La presidenta también criticó que el Gobierno haya recuperado estas iniciativas después de que fueran rechazadas inicialmente en el Congreso y consideró que su aprobación responde a intereses electorales.
El Congreso aprueba uno de los dos decretos y rechaza el otro
La Diputación Permanente del Congreso ha resuelto este jueves, 12 de noviembre, la votación de los dos reales decretos relacionados con la vivienda. El resultado ha sido diferente para cada uno de los textos.
El primero, que reúne el paquete principal de medidas para intervenir en el mercado de la vivienda, ha conseguido salir adelante por 35 votos a favor y 34 en contra. Entre sus disposiciones figuran la suspensión de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030, restricciones a determinadas compras especulativas de viviendas, medidas relacionadas con los contratos de alquiler e incentivos fiscales.
También contempla medidas para facilitar el acceso a la primera vivienda mediante financiación pública y cambios en la regulación de los alquileres de temporada y turísticos.
Por el contrario, el segundo decreto ha sido rechazado por 34 votos a favor y 35 en contra. Este texto planteaba una renovación automática de los contratos de alquiler una vez finalizado su periodo ordinario y contemplaba una indemnización para los inquilinos cuando el propietario decidiera poner fin al arrendamiento en determinados supuestos.
De esta manera, la Diputación Permanente ha permitido que siga adelante el paquete principal de medidas, mientras que la propuesta específica sobre la prolongación automática de los alquileres no ha conseguido los apoyos necesarios.
La propiedad privada, en el centro de la posición de Ayuso
Durante su intervención, la presidenta madrileña insistió en que su Gobierno no respaldará medidas que, a su juicio, perjudiquen a los propietarios de viviendas.
«No vamos a ir, que les quede claro, ni contra la propiedad, ni a fomentar la ilegalidad, ni vamos a ir contra las personas que tienen una vivienda y no son culpables de tenerla», manifestó en la Asamblea regional.
Ayuso atribuyó los problemas de acceso a la vivienda a las políticas desarrolladas por el Ejecutivo central durante los últimos años y defendió la construcción de vivienda social y el impulso de nuevos desarrollos urbanísticos como alternativas para aumentar la oferta.
